Los dos políticos que presiden el Comité Conjunto de Seguimiento del Brexit, el secretario de Estado británico para la UE, David Frost, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, se reunían este miércoles en Londres para intentar desactivar la crisis desatada en torno a Irlanda del Norte. Tres horas y medias de conversaciones han concluido sin resultado. “No ha habido ningún avance. Vamos a seguir hablando”, ha asegurado Frost a la salida del encuentro. “El problema que tenemos con el protocolo de Irlanda del Norte es que su aplicación esta provocando serias disrupciones en Irlanda del Norte (…) Debemos hallar de modo urgente alguna solución que apoye el proceso de paz en Irlanda del Norte y permita que todo vuelva a la normalidad”. El Gobierno de Johnson acusa a Bruselas de un “purismo legal” -según palabras del propio Frost- que, a su juicio, podría poner en riesgo la estabilidad política en la región. “Nuestra prioridad compartida debe ser proteger el Acuerdo de Viernes Santo [el pacto que puso fin al conflicto de Irlanda del Norte en 1998. Confío en que la UE muestre flexibilidad y acepte negociar nuestras propuestas, para encontrar soluciones que sean aceptadas por todas las comunidades [unionistas y republicanas]”, aseguraba el político británico en un comunicado emitido en horas previas a la reunión.
Bruselas no acepta esa atribución de culpas y cree que la principal razón del problema reside en la decisión unilateral de Downing Street de saltarse los compromisos que firmó en un tratado internacional. “Si el Reino Unido prosigue con sus acciones unilaterales en las próximas semanas, la UE no dudará en reaccionar de un modo rápido, firme y resolutivo para asegurar que se cumplan las obligaciones de la legislación internacional”, ha escrito Sefcovic en una tribuna para el diario The Daily Telegraph.
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La UE no descarta una respuesta legal, o un incremento de sus aranceles a los productos que Gran Bretaña exporta a Irlanda del Norte. Ahí está la clave de esa disputa. Bajo los términos del Protocolo, un documento anexo al Acuerdo de Retirada firmado por Londres y Bruselas, la región norirlandesa sigue siendo parte del Mercado Interior de la UE. Era el modo de evitar que se estableciera una nueva frontera física -en forma de controles aduaneros- en la isla de Irlanda, que habría puesto en riesgo la paz alcanzada en 1998. Sin embargo, las numerosas trabas técnicas y burocráticas a las mercancías que atraviesan el mar de Irlanda han provocado las protestas de la comunidad empresarial. Y lo que es más grave: han agitado las aguas de la comunidad unionista norirlandesa, que se siente traicionada por el Gobierno de Johnson. En las últimas semanas, Irlanda del Norte ha vuelto a vivir escenas de violencia callejera como no se recordaban en muchos años. El principal partido político probritánico, el DUP, atraviesa una crisis interna espoleada por el temor de verse sobrepasado en las urnas por la formación republicana Sinn Féin.
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El mismo diario en el que Boris Johnson, en sus lejanos tiempos de corresponsal en Bruselas, lanzaba titulares incendiarios contra la UE, se ha inventado ahora “la guerra de las salchichas”, para reducir a términos simples y nacionalistas un asunto de gran complejidad técnica. Varios productos de intenso intercambio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ven afectados por las nuevas reglas, o amenazados por el fin inminente de una prórroga que Londres pretende ampliar. Las medicinas autorizadas para su uso por el organismo regulador del Reino Unido (MHRA), por ejemplo, ya no podrán venderse libremente en territorio norirlandés a finales de año. La UE no permite la exportación de alimentos cárnicos si no se congelan previamente, y la regla deberá entrar en vigor a finales de junio, cuando expire la tregua acordada. De ahí lo de las “salchichas”, un producto de amplio consumo en la cultura británica. Londres pide a Bruselas un mayor margen ante un caso anecdótico que, dicen, presenta escasos riegos sanitarios y apenas afecta al Mercado Interior de la UE.
Problemas similares existen con los suministros diarios de las grandes cadenas de supermercados británicos, con el intercambio de plantas o semillas, o con asuntos tan triviales como los pasaportes para mascotas. Pero también hay sectores en los que la situación es más grave, como el acero. La UE impone un arancel del 25% a su importación. Bajo esa regla, el comercio del metal desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte se vería sujeto a este sobrecargo. Aunque Londres acordó una cantidad anual exenta de aranceles en sus exportaciones a la UE, nadie calculó que los envíos a la región norirlandesa podrían agotar pronto ese cupo.
Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron este miércoles, en una conversación telefónica, abordar el asunto de Irlanda del Norte en un encuentro aparte, durante la cumbre del G-7 que se celebra a partir del viernes en la localidad británica de Cornualles. Londres quiere evitar a toda costa que el explosivo enfrentamiento en torno a Irlanda del Norte, seguido muy de cerca por la Administración estadounidense de Joe Biden, contamine una cumbre en la que Johnson ha apostado con fuerza para fijar la nueva posición internacional del Reino Unido en la era post Brexit. Son varias las voces, sin embargo, que estos días han acusado a Downing Street de firmar en su día un Protocolo de Irlanda del Norte sin medir el alcance de sus consecuencias con el propósito estratégico de acelerar cuanto antes la salida de la UE.
“Ninguno de los implicados en las negociaciones va a creerse que el Gobierno británico firmó algo sin entender las consecuencias reales de lo que estaba firmando”, ha dicho este miércoles Gavin Barwell, quien fuera jefe de Gabinete de la ex primera ministra, Theresa May. “Creo que sus cálculos de Johnson consistieron en firmar lo que se pusiera sobre la mesa, y ver si se podía cambiar más adelante. La UE ha llegado a esta misma conclusión, y por eso ha endurecido su posición”
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