El sindicato UGT ha denunciado este viernes ante la Inspección de Trabajo una posible cesión ilegal de trabajadores a empresas de contratación externas por parte de Glovo, Amazon y Uber Eats. También denuncia el uso de un convenio incorrecto en sus repartidores, lo que supondría, según el sindicato, “formas fraudulentas” de contratación para “evadir las responsabilidades que conlleva la contratación directa y reducir al mínimo sus costes laborales”.
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La denuncia se ha presentado en un momento decisivo para el sector, a la espera de la aprobación por decreto de la llamada ley de riders, que impedirá a las plataformas valerse de autónomos para el envío de paquetes y comida. Rubén Ranz, coordinador de la división de UGT especializada en plataformas, reclama introducir los cambios cuanto antes: “Lo que no se puede es darles tres meses (una vez aprobado el decreto ley, las empresas tendrán tres meses para adaptar su modelo) y esperar que actúen de buena fe. Les dan más tiempo para experimentar y ver qué es lo que más rentable les sale”, asegura.
UGT expone que los tres gigantes han optado por externalizar sus flotas de repartidores en empresas de trabajo temporal (ETT) y de logística, pero que la organización del trabajo diario aún se coordina con las aplicaciones y algoritmos de las plataformas. “Tan es así, que no existe ningún responsable de estas empresas [ETT y contratas] que ordene, dirija o coordine la actividad de los repartidores”, se lee en las denuncias. “Se limitan simplemente a poner mano de obra a disposición del empresario principal” y “no aportan un capital de conocimientos técnicos especializados ni un patrimonio inmaterial relevante para la ejecución del encargo”.
Los juristas consultados diferencian entre los repartidores contratados por las ETT y aquellos contratados por empresas especializadas en logística, ya que a las ETT se les permite ceder únicamente el personal, mientras que las contratas deben aportar un valor añadido. Ignasi Beltran, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Oberta de Catalunya, explica: “Si [la contrata] no aporta nada porque los repartidores se organizan con la aplicación de la plataforma y solo pone la mano de obra, se incurriría en una cesión ilegal”.
En el caso de las ETT, los expertos ponen el foco en el carácter temporal como la posible causa de una cesión ilegal. “Glovo [y el resto de plataformas] necesita a sus repartidores todo el año, obviamente no puede tener a toda su plantilla a través de una ETT”, opina Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. “Podría ser legal en el caso de un pico de demanda, pero tiene difícil encaje porque si los pedidos se disparan todos los viernes no es algo sobrevenido”, añade.
El sindicato ha presentado tres contratos de conductores que reparten para estas plataformas. El de Glovo es a través de una ETT, mientras que los de Amazon y Uber Eats son mediante empresas de logística. Desde Glovo reconocen que llevan meses valiéndose de repartidores contratados para envíos de última milla con grandes distribuidores, como AliExpress. “Lo que hay son diferentes proyectos pilotos, y puede que [la organización] sea a través de Glovo y puede ser que sea a través de la empresa”, indica una portavoz. Por su parte, Amazon asegura que las empresas que participan en su reparto “organizan sus propias rutas y trayectos”. Este periódico trató de conocer la opinión de Uber, pero no obtuvo respuesta.
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