En 2023, un fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marcó un hito en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ en México. La corte dictó que es inconstitucional condicionar el derecho a una pensión por viudez en función de las preferencias sexuales y el género de las personas. Esta resolución obligó a las autoridades a reconocer el vínculo entre cónyuges o concubinos del mismo sexo, asegurando que tengan acceso a las prestaciones correspondientes sin discriminación.
Sin embargo, a tres años de esta histórica decisión, es pertinente preguntarse: ¿qué avances ha tenido México y qué medidas han adoptado otros países para salvaguardar los derechos de seguridad social de la comunidad LGBTQ+?
El acceso a la seguridad social para esta comunidad enfrenta diversos retos que se pueden agrupar en tres áreas principales. En primer lugar, el factor histórico-social revela que los miembros de la comunidad han sido tradicionalmente excluidos de los beneficios que se otorgan a parejas heterosexuales. Esta exclusión está arraigada no solo en marcos legales desactualizados, sino también en sistemas de salud discriminatorios y un fenómeno de “autoexclusión”, que deriva del estigma y la violencia que siguen enfrentando al realizar trámites públicos.
En segundo lugar, la barrera jurídica ha limitado el acceso a las pensiones de viudez, que a menudo dependen de figuras legales como el matrimonio igualitario o la unión civil formalmente reconocida. Sin estos marcos legales adecuados, las parejas del mismo sexo continúan desprotegidas. Aunque tribunales locales e internacionales han emitido resoluciones favorables hacia la igualdad, el desafío consiste en concretar estos avances en leyes locales que sean inclusivas.
Finalmente, la viabilidad financiera presenta un obstáculo considerable. Las pensiones a parejas del mismo sexo no fueron contempladas en los presupuestos iniciales ni en cálculos actuariales, lo que complica la expansión de estas prestaciones en un contexto de envejecimiento poblacional y una base de contribuyentes restringida. Si no se implementan medidas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo, podría haber presiones significativas sobre las finanzas de los gobiernos y las administradoras de pensiones.
A nivel internacional, varios países han implementado soluciones jurídicas y administrativas para garantizar las pensiones de viudez para la comunidad LGBTQ+. En América Latina, Argentina ha liderado el camino. En 2002, Buenos Aires aprobó la Ley de Unión Civil, permitiendo a parejas del mismo sexo acceder a pensiones. En 2008, una resolución de la Suprema Corte reafirmó este derecho, incluyendo pagos retroactivos. Colombia, tras el caso Duque vs. Colombia en 2016, también aseguró a parejas del mismo sexo un trámite prioritario para pensiones de sobrevivencia. Uruguay y Brasil siguen este ejemplo, con leyes que reconocen jurídicamente estas uniones y garantizan derechos de pensión.
En Europa, el panorama es similar. Alemania, desde 2001, aprobó la figura de pareja civil, mientras que en 2008 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó la igualdad en pensiones de viudez. Francia ha implementado el Pacto Civil de Solidaridad (PACS) desde 1999, que otorga derechos de pensión a parejas homosexuales.
Para lograr la viabilidad a largo plazo de las pensiones por viudez para la comunidad LGBTQ+ en México, se sugiere adoptar modelos de sostenibilidad financiera que han sido efectivos en otros lugares. Bélgica implementó un sistema de puntos que permite calcular pensiones de manera individual, mientras que Suecia utiliza cuentas nocionales individuales y de capitalización que se basan en las aportaciones laborales. Australia y Suiza aplican modelos mixtos que buscan garantizar un nivel básico universal de protección social.
El fallo de la SCJN fue un avance hacia la justicia social, pero el verdadero desafío radica en reformar las leyes del IMSS e ISSSTE y en realizar una reingeniería presupuestal para que el derecho a proteger el futuro financiero de las parejas del mismo sexo se convierta en una realidad sostenible y accesible para todos.
Esta información se actualiza hasta el 27 de junio de 2026.
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