Mario “N”, ex gobernador de Puebla, promovió un nuevo juicio de amparo para revertir el auto de formal prisión que se le dictó por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.
El asunto quedó radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante quién el político de extracción priista promovió la demanda de garantías el pasado 19 abril; en ella señaló como acto reclamado la negativa de libertad bajo caución, lo cual viola los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El acuerdo emitido este jueves, señala como admitida la demanda en sus términos y se fijó el 18 de mayo a las 08:30 para la celebración de la audiencia constitucional.
El “Gober Precioso” fue detenido el pasado 3 de febrero por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante el cateo que realizaron en un inmueble propiedad de Alicia Marín, hermana del político poblano, el cual se ubica en la colonia Cumbres de Figueroa en el puerto de Acapulco, Guerrero.
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Posteriormente el 10 de febrero, el juez Gerardo Vázquez Morales, titular del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Cancún, dictó auto de formal prisión en contra del ex mandatario estatal por el delito de tortura en agravio de la periodista.
Sin embargo el 10 de marzo, la juez Ana María Nava Ortega, entonces titular del Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Quintana Roo, le concedió la suspensión definitiva a Marín Torres contra el auto de formal prisión, sin que ello implique su libertad.
La FGR busca fincarle el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, al comprobarse que junto con otras siete personas crearon una estructura organizada de poder para favorecer a su amigo, el empresario Kamel Nacif, quien también cuenta con orden de aprehensión.
El ministerio público señala que el empresario instigó al ex mandatario, aprovechándose del apoyo económico que brindó a su campaña para ser gobernador, para que castigara a Lydia Cacho por sus publicaciones y entrevistas.
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Fue así que, al tener una deuda moral con Nacif, el exgobernador poblano utilizó a la Policía Judicial del estado para castigar a la periodista girando una orden de aprehensión en su contra por difamación; durante el traslado desde Quintana Roo a Puebla, la amenazaron y torturaron psicológicamente.
Para su captura, la FGR creó un grupo de trabajo especial a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que incluyó analistas de información, policías y agentes del Ministerio Público, quienes retomaron una investigación olvidada y desatendida en años pasados.
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