El pasado miércoles, la Comisión Permanente del Congreso recibió una nueva iniciativa de reforma constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum y Luisa María Alcalde, con el objetivo de redirigir la reforma judicial de 2024. Este intento se presenta en contraste con propuestas anteriores de la Cuarta Transformación, que intentaron abordar las deficiencias del marco actual.
Desde el inicio, el lenguaje de esta iniciativa es notablemente más optimista, elogiando en términos generales la reforma original mientras utiliza un discurso cargado de eufemismos y afirmaciones abstractas. Sin embargo, los respaldos objetivos, como estadísticas judiciales o informes de organismos reconocidos, brillan por su ausencia. La propuesta sostiene que la reforma judicial representó “la mejor alternativa” y que se busca “profundizar” los supuestos “logros” alcanzados, pero carece de evidencias tangibles que respalden tales afirmaciones.
A pesar de esto, el documento no puede evitar reconocer que, como suele suceder con las transformaciones profundas, la experiencia práctica ha permitido identificar “áreas de oportunidad”. La propuesta menciona puntualmente que las elecciones de 2025 evidenciaron la necesidad de establecer reglas claras que garanticen la competencia técnica y profesional de aquellos que aspiran a desempeñar funciones judiciales. Esto indica un momento de autocrítica, aunque sutil, al afirmar que están “retomando las experiencias y aprendizajes” de las pasadas elecciones.
Un aspecto significativo que se menciona es la observación de que un elevado número de candidaturas puede complicar la deliberación ciudadana. En consecuencia, la iniciativa busca concentrar la atención del electorado, facilitando decisiones más manejables y promoviendo un voto “verdaderamente libre e informado”.
Sin embargo, este reconocimiento plantea serias preguntas sobre la integridad de las recientes elecciones judiciales. Al admitir que no se garantizó la evaluación exhaustiva de los candidatos ni la emisión de un voto informado, el Estado parece aceptar que la elección judicial de 2025 funcionó como un experimento político, poniendo en riesgo la justicia y los derechos de miles de ciudadanos. Muchos han enfrentado decisiones judiciales severas sin haber sido juzgados por jueces debidamente evaluados, lo que ha podido resultar en pérdidas irreparables en derechos y propiedades.
Si realmente hubiera un interés por corregir las fallas de la elección, la iniciativa debería contemplar mecanismos concretos de reparación, como la destitución de jueces incompetentes o la responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados. Sin embargo, el enfoque parece centrarse únicamente en ajustar el control político sobre el proceso electoral, en lugar de fortalecer la capacidad técnica de los jueces. Las soluciones propuestas, por ejemplo, se limitan a programas de capacitación que seguirían a la elección, sin exigir una mejora en los criterios de selección de los candidatos.
En conclusión, mientras se plantean modificaciones que podrían parecer promotoras de un cambio, la verdadera esencia de la propuesta parece dirigirse a mantener el control, dejando a un lado las preocupaciones sobre la capacidad profesional de quienes ocupan funciones críticas en el ámbito judicial. La comunidad espera un enfoque más integral que garantice no solo la estabilidad política, sino también la justicia y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
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