La tortilla, un alimento emblemático en la dieta mexicana, desempeña un papel crucial que va más allá del simple acto de alimentación. Según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) de 2024, un hogar promedio consume semanalmente 3.2 kilos de tortilla, con un patrón de consumo que, sorprendentemente, se mantiene relativamente estable a través de diferentes niveles de ingreso. Desde los 2.35 kilos en los hogares de menores ingresos hasta más de 3.5 kilos en muchos deciles medios, esta estabilidad se quiebra notablemente solo en el decil de mayores ingresos.
Esta característica transversal de la tortilla la convierte en un elemento de alta sensibilidad política. Cuando sus precios aumentan, el efecto no se restringe a un grupo específico; afecta a la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un desafío cotidiano para cualquier administración. En respuesta a las protestas de productores de maíz y las amenazas de incrementos en los precios, el gobierno implementó el Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco “Precio Justo”. Este plan busca garantizar compras anticipadas, priorizar la producción nacional y establecer precios que se consideren justos, involucrando a agricultores, harineras, comercializadores y sectores pecuarios.
Sin duda, el objetivo de proteger al productor y mantener la estabilidad del precio de la tortilla es razonable. Sin embargo, el desafío radica en que buscar esta estabilidad no es un esfuerzo sin consecuencias. Un precio estable puede redistribuir tensiones en la cadena productiva, lo que significa que si se busca que el productor obtenga mejores precios, y que los consumidores sigan pagando lo mismo, alguien debe asumir la carga adicional. Esta carga podría recaer sobre el Estado a través de subsidios, sobre los comercializadores y tortilleros a través de márgenes menores, sobre los consumidores a largo plazo, o sobre el sistema en sí, que podría limitar la competencia.
La frase “precio justo” resuena con atractivo político, pero su significado es intrínsecamente vago. ¿Justo para quién? Para el productor, que enfrenta costos crecientes, para el comprador que compara precios internacionales, o para el tortillero que lidia con aumentos en costos operativos? Resulta evidente que un único precio no puede satisfacer simultáneamente las necesidades de todos los agentes involucrados. Intentar lograr esto a través de acuerdos puede resultar en una disminución de la eficiencia y en una redistribución poco transparente de los costos.
Además, una fijación de precios que no refleje las condiciones reales de oferta y demanda podría conducir a decisiones ineficaces dentro de la cadena productiva. Esto podría, por ejemplo, fomentar la preservación de estructuras de costos elevadas sin abordar sus causas, y disuadir la búsqueda de proveedores alternativos que podrían ofrecer mejores condiciones.
También existe el riesgo de coordinación entre los actores del mercado. Cuando el Estado organiza encuentros entre estos actores y promueve la información en torno al “precio justo”, puede disminuir la incertidumbre en ciertos aspectos, pero también podría crear espacios para que los participantes coordinen sus decisiones de manera que afecten la competencia.
La intervención de la autoridad de competencia puede ser vital en este contexto. Su presencia debería ayudar a diferenciar entre la información necesaria para la política pública y la que tiene relevancia comercial. Esto debe incluir reglas claras sobre qué información puede ser compartida y bajo qué condiciones.
La cadena de producción de la tort tortilla no parte de condiciones competitivas perfectas. En 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) identificó una falta de condiciones de competencia efectiva en mercados relacionados con la harina de maíz, sugiriendo que una estabilización del precio del grano no garantiza que los beneficios lleguen al consumidor. La intervención puede ser necesaria para restaurar condiciones competitivas y fomentar un sistema más justo y eficiente.
La tortilla merece una atención significativa por su importancia social. Cualquier intervención en su cadena productiva debe someterse a un examen riguroso: ¿quién paga por la estabilidad de su precio? ¿Qué incentivos genera? ¿Qué costos se ocultan? ¿Y cómo se asegura que no se sustituya la competencia por una coordinación administrada?
En última instancia, aunque la idea de un precio justo suena atractiva, la pregunta persiste: ¿puede realmente funcionar de manera efectiva en la práctica?
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