El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso significativo en la lucha contra el fraude electrónico al aprobar, por unanimidad, la tipificación del delito de “phishing” en el Código Penal local. Con esta nueva legislación, las penas para quienes incurran en este delito podrían alcanzar hasta seis años de prisión.
El diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presentó la fundamentación del dictamen que fue debatido y aprobado en la sesión del 21 de mayo. Durante su intervención, Martínez Urincho destacó que el incremento en el uso de la tecnología y, por ende, de las modalidades de fraude, ha creado un vacío en el marco legal, complicando así la persecución y sanción de los delincuentes.
La iniciativa define el “phishing” como una maniobra que implica lanzar un “anzuelo digital” para capturar información personal de las víctimas, haciéndose pasar por entidades de confianza, como bancos, proveedores de servicios o instituciones gubernamentales. Este tipo de estafas se lleva a cabo a través de mensajes de texto, sitios web falsos o llamadas telefónicas engañosas, lo que subraya la necesidad urgente de protección en el ámbito digital.
Las estadísticas proporcionadas evidencian un alarmante aumento en los ciberataques: se registraron 300 millones de intentos en 2019, cifra que se disparó a 120 mil millones en 2021, lo que representa un incremento del 75%. Esto se traduce en que, en promedio, se reporta un caso de phishing cada 39 segundos, es decir, más de 2,200 incidentes diarios.
La legisladora panista Olivia Garza de los Santos, proponente de la iniciativa, también subrayó la vulnerabilidad de los adultos mayores al ser blanco frecuente de estos fraudes. Su intervención hizo hincapié en que la seguridad debe extenderse no solo a las calles, sino también a los espacios digitales en los que cada día millones de personas interactúan.
La aceptación unánime y la rápida acción del Congreso reflejan una creciente conciencia sobre la necesidad de adaptaciones legales que respondan a las nuevas dinámicas de criminalidad. Frente a un panorama tecnológico en constante evolución, la legislación sobre delitos cibernéticos se convierte en una herramienta vital para salvaguardar la integridad y la seguridad de los ciudadanos.
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