La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ha hecho un nuevo ajuste en la percepción sobre la economía mexicana, cambiando su perspectiva de la calificación soberana de “estable” a “negativa”. Esta decisión fue anunciada el martes, situando la nota en moneda extranjera de largo plazo en ‘BBB’ y en moneda local en ‘BBB+’. Este cambio se debe a las preocupaciones acerca de la consolidación fiscal del país, un efecto secundario del bajo crecimiento económico y el incremento en los niveles de deuda pública.
S&P advirtió que el lento crecimiento de la economía mexicana, junto a las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes, podría resultar en una consolidación fiscal muy gradual y en un aumento moderado de la deuda pública. En este contexto, la agencia afirma que la relación entre México y Estados Unidos permanecerá sólida, pero la incertidumbre en torno a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría debilitar la confianza de los inversores. Esto, a su vez, podría conllevar una reducción en la calificación debido a sorpresas desfavorables en el comercio internacional.
Además, la calificadora prevé que la economía mexicana crecerá apenas un 1 % para 2026, una estimación pesimista que se enmarca en el clima de incertidumbre por la revisión del T-MEC, la baja inversión privada y el aumento de los precios de la energía. Con este telón de fondo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México ha ajustado a la baja su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, colocándolo en un 2.3 % en lugar del 3 % inicial.
La situación se complica aún más con los desafíos que enfrentan las empresas estatales, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que podrían agravar la rigidez fiscal del país y presionar las finanzas públicas. Los malos resultados operativos de Pemex, en particular, podrían obligar al gobierno a inyectar más recursos para cubrir pérdidas, lo que a su vez aumentaría el déficit fiscal del país.
Se estima que el déficit gubernamental se situará en el 4.9 % del PIB para 2025, en comparación con el 5.2 % de 2024, y la deuda neta podría llegar al 54 % del PIB hacia 2029, un aumento considerable respecto al 49 % proyectado para 2025. S&P ha dejado claro que podría recortar la calificación en los próximos 24 meses si no se observan mejoras en la reducción del déficit fiscal o si hay un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos.
A pesar de estos retos, la Secretaría de Hacienda ha celebrado que México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana. Actualmente, Fitch ha fijado la calificación en BBB-, Moody’s en Baa2 y DBRS en BBB. Esta información se enmarca en un contexto económico difícil, donde las decisiones de inversión y las políticas fiscales están bajo un intenso escrutinio.
Esta situación resalta la importancia de que el gobierno y las instituciones financieras se alineen hacia un enfoque que promueva el crecimiento sostenible y la estabilidad fiscal, crucial para el futuro económico del país.
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