Este martes, los senadores de la República analizarán y votarán la nueva regulación de la subcontratación laboral u outsourcing en México.
La reforma laboral, impulsada por los sectores patronal, sindical y el gobierno federal, sólo permitirá la subcontratación si se trata de servicios y obras especializadas distintas al objeto social o actividad preponderante de la empresa que se beneficie de éstos.
De recibir la aprobación de la mayoría, el proyecto de ley será enviado al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
Durante este martes, la Mesa Directiva del Senado dio primera lectura al dictamen que contiene la nueva política laboral en materia de subcontratación.
Después cerró su sesión ordinaria y convocó a una nueva para iniciar con la discusión y votar la regulación al outsourcing, como trámite legislativo.
Previamente la nueva propuesta había recibido el apoyo de todas las bancadas parlamentarias, aunque cada una manifestó que presentarán reservas durante el debate de este martes.
De aprobarse en el pleno del Senado, la reforma laboral permitirá la subcontratación de servicios y obras especializadas cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, abogando a las empresas a contratar a la mayoría de su personal.
Además, las compañías deberán solicitar un permiso cada tres años ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder seguir operando y estar registrados en un padrón especializado, ya que de no tener estos permisos se harán acreedoras de una multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.
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También, establece el monto de la participación de utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, según convenga al trabajador.
El dictamen que discuten los senadores indica que, al entrar en vigor, todos estos cambios serán obligatorios para las empresas, en agosto, y para los gobiernos federal y estatales, “en el ejercicio fiscal de 2022”.
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