La imagen de militares patrullando las calles de Culiacán se ha vuelto inquietantemente habitual, especialmente desde septiembre de 2024, cuando estalló una guerra intestina en el Cartel de Sinaloa. Este jueves, la presencia del Ejército era particularmente notoria, justo un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunciara al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de alto rango por supuestos vínculos con el narcotráfico. Las calles estaban repletas de soldados con rostros cubiertos, empuñando ametralladoras, y se establecieron retenes en avenidas estratégicas, parques y cerca de la residencia del gobernador, que se encuentra en un barrio exclusivo de la capital.
A pesar de este despliegue militar, la violencia no cesa. En la mañana de ese mismo jueves, Homar Salas, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, fue asesinado a tiros junto a su escolta mientras sacaba su automóvil del garaje. Salas había ganado unas elecciones sindicales muy controvertidas en febrero, donde la manipulación política era evidente, con conexiones que no han sido objeto de investigación pública pero que revelan una red oscura vinculada al crimen organizado.
El asesinato de Salas no es un caso aislado. El diputado local Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano, también fue asesinado el 28 de enero. Hasta ahora, los motivos y los atacantes de Torres Félix siguen siendo un misterio. Era primo de ‘El Ondeado’, brazo derecho de Ismael “El Mayo” Zambada y, tras varios años en el sombra del sindicalismo, había mantenido una influencia considerable en el sindicato hasta su muerte.
La situación en Culiacán refleja una compleja trama política y social. El sindicato no solo es un escenario de maniobras políticas, sino que también respalda al alcalde Juan de Dios Gámez, quien ha sido acusado de permitir que Los Chapitos, una facción en pugna dentro del cartel, operen libremente a cambio de sobornos. La crisis de seguridad ha alcanzado niveles alarmantes en el estado de Sinaloa, exacerbada por la conmoción generada por la denuncia del fiscal de Nueva York, que ha solicitado la detención y extradición de los implicados.
Este ambiente de incertidumbre se agrava con las reacciones políticas. El grupo morenista en el estado, que incluye al gobernador Rocha, ha respaldado a sus integrantes, rechazando las acusaciones del Departamento de Estado y calificando la situación como parte de una campaña política en su contra. Rocha ha reiterado su inocencia, al tiempo que sus declaraciones han generado confusión, proyectando una imagen de serenidad al afirmar que “el que nada teme, lo pasa bien”.
Como respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Rocha, mientras que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, fue acusado de injerencias y prejuicios sobre Sinaloa, una región históricamente vinculada al narcotráfico. Este entramado de acusaciones, violencia y manipulación política pinta un panorama desolador para la seguridad pública en la capital de Sinaloa. En este contexto, Culiacán continúa lidiando con las secuelas de un problema que parece no tener fin.
Actualización: Los datos corresponden a 2026-04-30 22:00:00.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
