TIJUANA.- Miembros del Club Campestre denunciaron que el gobierno de Baja California, que encabeza el gobernador Jaime Bonilla, presuntamente cambió partidas registrales en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) con intenciones de expropiarlo, por lo que iniciaron acciones legales.
El abogado Adolfo Solís Farías, encargado de la defensa jurídica, indicó que no se puede cambiar al propietario del predio, pues la Constitución protege la propiedad privada.
Roberto Quijano Sosa, miembro y vocero del Club Campestre, señaló que en promedio pagan al año 60 millones de pesos para el mantenimiento de áreas verdes, un monto económico que el Gobierno estatal no podría cubrir y consideró que la expropiación es una revancha política del gobernador Jaime Bonilla en contra del alcalde con licencia Arturo González Cruz.
“El nombre del propietario lo eliminaron. Se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron. Los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, aseguró.
El presidente del Club Campestre, Mario Gastón Toledo, que por primera vez habló ante medios de comunicación, lo hizo para defender la propiedad.
“Mienten aquellos que dicen que no somos legítimos dueños, declaran falsamente los que aseguran que el Club Campestre tiene adeudos con el municipio, con las autoridades estatales y con las autoridades federales. Aquí están todos los documentos que avalan la titularidad del inmueble que es nuestro, y si cedemos ante esto, el siguiente paso nos podrán quitar las casas donde vivimos”, afirmó.
Mencionaron que, si la expropiación se cristalizara, el Gobierno estatal tendría que pagar entre mil 500 millones de pesos y 2 mil 200 millones de pesos.
Eduardo de la Peña Sánchez, representante del comité de vecinos de la colonia Hipódromo, dijo en conferencia que están en contra de la medida.
El secretario general del Gobierno del Estado, Amador Rodríguez, explicó las causas de la expropiación y reiteró que derivado de la falta de áreas verdes a un millón 200 mil tijuanenses, se procedió a realizar la declaratoria de utilidad pública.
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