Con el acompañamiento de todas las fracciones parlamentarias, la reforma laboral para regular el outsourcing recibió el aval de las comisiones del Senado de la República y su discusión se trasladará mañana al pleno.
Con el aval, que solo registró la abstención de Kenia López del PAN, la regulación de la subcontratación laboral pasará al pleno de los senadores este martes 20 de abril para su discusión y votación, donde se espera la misma aprobación para que entre en vigor el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.
La propuesta de la reforma laboral del presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba en principio eliminar la subcontratación laboral u outsourcing.
Sin embargo, el proyecto fue modificado por un acuerdo alcanzado entre el sector privado, los patrones, las organizaciones sindicales y el gobierno federal para permitir la subcontratación de servicios y obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos.
“No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante”, se lee en los cambios a la ley.
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La senadora del PRI, Claudia Ruíz Massieu, aseveró que su aprobación es sólo el principio, por lo que faltará darle seguimiento a su implementación, al tiempo que dijo que el resultado de esta reforma laboral “no es producto de una ocurrencia”.
“Es el resultado de auténticas coincidencias y de un trabajo muy serio de concertación, pero también de sensibilidad de parte de todos los involucrados”, afirmó.
Por primera vez en mucho tiempo no se hacía una comisión tripartita que llevara a cabo sus negociaciones con la presencia del Presidente de la República y así se hizo”, agregó su compañero de bancada y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo,
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que la regulación al outsourcing y no su eliminación es un paso sustancial, ya que “se busca que no haya subcontratación fraudulenta”.
“No es que la subcontratación sea ilegal o sea mala, está en la propia ley, sino que se abusó de la figura para efectos fiscales y llevó a una afectación doble, tanto de los trabajadores como del propio fisco federal”, explicó.
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Del PT, la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, criticó que la propuesta legislativa “se preocupa más por incrementar la recaudación fiscal que por garantizar los derechos laborales”
“Y si bien, no me opongo, esta minuta prácticamente réplica el mismo mecanismo de contratación que ya contiene la ley vigente (… ) No ese eliminó ni prohibió en su totalidad a la subcontratación, sino que ahora se regula de manera estricta”, insistió.
La reforma aprobada obliga a las empresas que actualmente realizan outsourcing a contratar de manera directa a todos los colaboradores que sean parte del mismo objeto social o actividad preponderante de la compañía.
Además, obliga a las compañías a solicitar su permiso cada tres años ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder seguir operando, ya que de no tenerlos se harán acreedoras de una multa de dos mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 179 mil y cuatro millones 481 mil pesos.
“Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, especifica.
Las razones sociales que realicen estas actividades de servicios y obras especializadas estarán inscritos en un padrón que será público y de fácil acceso para los patrones que quieran contratarlos.
En este sentido, la De la Sierra Arámburo advirtió que la facultad de negar o cancelar registros “es tajante y da amplía discrecionalidad para cancelar contratos sin previo aviso y sin justificación alguna, ya que la STPS debe motivar y fundar la negativa o cancelación, previa notificación a la persona interesada para corregir cualquier falta.
Por su parte, establece el monto de la participación de utilidades (PTU) tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Cualquiera de estos esquemas será aplicable con respecto a lo que más convenga al trabajador.
Para la transición a esta nueva normativa laboral el dictamen que discuten los senadores indica que la entrada en vigor de todos estos cambios serán obligatorios para las empresas, en agosto, y para los gobiernos federal y estatales, “en el ejercicio fiscal de 2022”.
El senador del PAN, Damián Zepeda, festejó la búsqueda de mejores condiciones laborales para los trabajadores mexicanos, pero aseguró que no es explicable que se marque una diferencia marcada entre el sector privado y el público para su entrada en vigor, pues dijo, incluso denota “que hay una aceptación de que no es tan fácil”.
“Le dan el tiempo suficiente al gobierno para poder hacerlo y al privado le dan tres meses, me parece que no es algo sensato”, comentó.
La senadora Nancy Sánchez de Morena, advirtió que habrá empresas que buscarán mecanismos para evadir sus responsabilidades como esquemas de cooperativas u honorarios asimilables a salarios, por lo que pidió se avance en reformas posteriores.
“El propio Héctor Márquez, presidente de Asociación Mexicana de Capital Humano( AMECH), afirma que un 60 por ciento de su clientes buscarán estas figuras legales para evitar cumplir con las prestaciones legales”, alertó.
Aseveró que “las empresas tendrán que adaptarse o desaparecer” durante esta transición en la política laboral.
El proyecto de ley fue aprobado por los diputados federales el pasado 15 de abril y sólo espera la aprobación de la mayoría legislativa, que encabeza Morena, como último paso para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, como acordó el gobierno federal, el sector patronal y organizaciones sindicales.
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