Estados Unidos sanciona a dos hijos de Ortega y Murillo por el opaco negocio del oro con China

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves al núcleo que controla uno de los negocios más lucrativos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Se trata de un opaco entramado de empresas mineras chinas a las que el régimen, tras modificar al menos cinco leyes a su medida, ha concesionado el 8,5% del territorio del país centroamericano desde 2021. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Washington designó a cinco individuos vinculados al negocio del oro, incluyendo a dos hijos de los copresidentes, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, quienes han ganado preponderancia en la maquinaria propagandística del régimen.

“Hoy, la OFAC del Departamento del Tesoro sancionó a cinco individuos y siete empresas que operan en el sector aurífero de la economía nicaragüense y que ayudan a la dictadura de Murillo-Ortega a generar dinero y mantener el control político en Nicaragua”, anunció el Gobierno estadounidense, en un comunicado en el que la inversión del orden de los apellidos de los copresidentes es ya una postura institucional desde hace meses. La administración de Donald Trump ve en Murillo el poder real en Managua, por encima de un Ortega envejecido.

“Entre los sancionados se incluyen entidades e individuos nicaragüenses involucrados en la confiscación forzosa de propiedades estadounidenses en Nicaragua; el viceministro del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua; entidades nicaragüenses que han asumido concesiones de oro previamente en manos de partes sancionadas; y dos hijos de Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua, que se desempeñan como funcionarios del Gobierno nicaragüense”, agregó la OFAC.

La sanción ocurre en el momento de mayor auge de las empresas mineras chinas en Nicaragua. La organización ambientalista Fundación del Río contabiliza que en el último quinquenio el régimen ha entregado 71 lotes mineros a 15 empresas asiáticas. Hoy, esas compañías con bases legales opacas controlan 1.013.225 hectáreas, el equivalente al 8,5% del territorio nacional.

El avance chino ha sido tan acelerado que desplazó a las transnacionales canadienses, colombianas y británicas que históricamente dominaban la industria aurífera nicaragüense. Su expansión ha alentado además la minería artesanal en la frontera sur, generando una crisis diplomática con Costa Rica por la extracción ilegal de oro en territorio costarricense.

Además, la Fundación del Río, apoyándose en bases de datos de comercio internacional de Naciones Unidas, identificó una brecha de 32 millones de dólares entre lo que Nicaragua reporta como exportaciones de cobre a China y lo que China registra haber importado, una diferencia que apunta a subfacturación intencional, alerta el organismo. El propio comunicado del Tesoro señala que varias de estas empresas asumieron concesiones de oro previamente en manos de partes ya sancionadas por Washington, un mecanismo para mantener operativo el negocio pese a las designaciones previas.

El comunicado del Tesoro menciona también la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., una empresa con capital estadounidense y una inversión aproximada de 80 millones de dólares. En 2025, representantes de empresas vinculadas al régimen irrumpieron en su planta de procesamiento minero, expulsaron al personal de seguridad y tomaron control físico del inmueble. El Gobierno nicaragüense revocó posteriormente la licencia de BHMB sin ninguna compensación. Zhong Fu Development y Santa Rita Mining, dos de las empresas chinas sancionadas hoy, fueron identificadas como participantes directas en esa ocupación forzosa.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha buscado llenar sus propias arcas mediante el uso de estas empresas de oro y co-conspiradores, confiscando inversiones estadounidenses en Nicaragua y utilizándolas para generar fondos que le permitan mantener su poder político”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Estados Unidos no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense y continuará atacando las fuentes de ingresos que fortalecen al corrupto régimen de Murillo-Ortega”, prosiguió el funcionario de la administración de Donald Trump.

Según la OFAC, el Gobierno ha colocado a miembros de su familia en puestos clave para asegurar el control de sectores estratégicos de la economía. Desde 2020, reconfiguró el sector minero en una red compleja de empresas fachada y testaferros “destinada a generar divisas, lavar activos sancionados y consolidar su control político”. El esquema es gestionado por dos figuras ya sancionadas por Washington: Laureano Ortega Murillo, considerado el delfín de la sucesión dinástica, y el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, designado por OFAC en noviembre de 2021.

Los hijos sancionados

Los nuevos hijos sancionados son Maurice Facundo Ortega Murillo, quien se desempeña como delegado presidencial para deportes, desde donde supervisa el Instituto Nicaragüense de Deportes y “promueve la imagen pública de sus padres”; y Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, dirige el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, “una pieza central en el control del aparato comunicacional del régimen”.

En su argumentación, las sanciones insisten que Ortega “ha permanecido en el poder en Nicaragua durante más de 30 años, convirtiendo al país en una dinastía familiar a través de su copresidencia con su esposa Rosario Murillo”.

“Los cambios constitucionales que trasladaron a Murillo de vicepresidenta a copresidenta garantizaron la continuidad en el poder, institucionalizando un Estado totalitario y subordinando al pueblo nicaragüense a la pareja dictatorial”, se lee en la orden girada en la capital estadounidense. “La dictadura ha convertido al Estado en un instrumento familiar y ha concentrado aún más el poder en la pareja. No solo Murillo ejerce ahora mayor poder, sino también sus hijos adultos, incluido Laureano Ortega Murillo, quien ha sido designado en varios cargos clave dentro del Gobierno nicaragüense”.

Las sanciones llegan en abril, el mismo mes en que se cumplen casi ocho años del inicio de la rebelión cívica que el régimen aplastó con violencia. Desde entonces, Washington ha mantenido presión diplomática y económica sobre Managua, encontrándose, según el propio Tesoro, con “una persistente intransigencia y mayores esfuerzos por suprimir los derechos de su población”.