Integrantes de organizaciones campesinas y colectivos ambientalistas de comunidades indígenas de la Huasteca potosina llevaron a cabo una manifestación el miércoles pasado ante la Cámara de Diputados. Su objetivo: expresar su firme rechazo al plan de la presidenta Claudia Sheinbaum de promover el “fracking sustentable” en informacion.center.
Representantes de las etnias Tének y Náhuatl, originarias de esta región, advirtieron sobre el potencial devastador que esta técnica de extracción podría tener sobre sus aguas y ecosistemas. Como muestra de su oposición, han recopilado más de 125 firmas provenientes de 80 comunidades, las cuales fueron entregadas a la Mesa Directiva de San Lázaro en un esfuerzo por prohibir el fracking en la Constitución mexicana. Argumentaron que esta práctica podría afectar a más de 700,000 habitantes de aproximadamente 300 comunidades.
Rosa Peña, miembro de una de las organizaciones, destacó la entrega de un acta comunitaria del Ejido El Cristiano como evidencia del rechazo al fracking, y mencionó que hasta el momento han levantado 150 actas, con planes de continuar recopilando más. Asimismo, presentaron un escrito dirigido a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, solicitando un proceso legal que modifique el artículo 27 de la Constitución para prohibir el fracking de manera definitiva en México. La propuesta cuenta con el respaldo de 123 firmas de 80 comunidades en 7 municipios.
Uno de los representantes anónimos expresó: “Para nosotros, la perforación hidráulica no es aceptable porque es la muerte. Es pura muerte porque tenemos nuestra agua de manantiales. Por lo tanto, queremos defenderlo; no queremos que entren porque nuestras aguas se contaminan o se secan.” Esta declaración subraya la profunda conexión que estas comunidades tienen con su entorno y la preocupación sobre el futuro de sus recursos hídricos.
En contraste, Kenia López Rabadán manifestó que el fracking podría ser una oportunidad para que México avance hacia una verdadera soberanía energética, siempre que se lleve a cabo con responsabilidad ambiental y eficiencia administrativa. Esta postura refleja un debate aún candente sobre los recursos energéticos del país y cómo balancear el desarrollo económico con la protección ambiental.
Este conflicto entre las aspiraciones energéticas del gobierno y las preocupaciones de las comunidades indígenas resuena en el corazón de un México donde la defensa del medio ambiente y el desarrollo económico a menudo se encuentran en lados opuestos de la balanza. La discusión está lejos de terminar, y la atención que reciba influirá en el futuro de miles de mexicanos que dependen de sus recursos naturales.
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