Naasón Joaquín, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, enfrenta serias acusaciones en Estados Unidos que incluyen abuso sexual de menores, crimen organizado, tráfico sexual y pornografía infantil. La justicia estadounidense ha clasificado a la congregación como una secta y la vincula con actividades de blanqueo de capitales. Sin embargo, en México, la Fiscalía General de la República (FGR) cerró una investigación que duró siete años, argumentando que no hallaron elementos suficientes para proceder legalmente. Esta decisión ha provocado la desesperanza de las víctimas, quienes sienten que se les ha negado justicia.
Sochil Martin, una de las primeras denunciantes de los crímenes cometidos por los líderes de La Luz del Mundo, se expresó con frustración: “Me siento engañada. Me robaron la esperanza”. Ella y su esposo, Sharim Guzmán, han dedicado gran parte de su vida a buscar justicia, viajando entre México y Estados Unidos y apoyando a otras víctimas en sus denuncias. Para ellos, la resolución de la FGR, tomada poco después de que Ernestina Godoy asumiera la titularidad de la dependencia, representa una traición. Martin criticó la falta de interés de Godoy en contactar a las víctimas antes de cerrar el caso, cuestionando su compromiso con los derechos humanos.
La FGR notificó a Martin a principios de enero de su decisión, lo que confirma la sensación de impunidad que rodea a la iglesia en México. Las acusaciones en Estados Unidos revelan un patrón de explotación, donde los creyentes eran sometidos a una obediencia casi ciega hacia sus líderes, una práctica que ha durado generaciones. Desde la detención de Naasón Joaquín en 2019, la iglesia ha sido denunciada por coacción y intimidación hacia las víctimas que buscan romper el silencio.
Este escenario se complica aún más por las conexiones de La Luz del Mundo con la élite política en México. Algunos de sus miembros han incursionado en la política, como el exdiputado Hamlet García Almaguer y el senador Emmanuel Reyes Carmona, quienes defienden la inocencia de Joaquín, lo que sugiere un intercambio de apoyo político en favor de la congregación. Guzmán sostiene que estas relaciones representan un pacto que perpetúa la impunidad, comparando a la iglesia con un sindicato que, a cambio de dinero y votos, obtiene protección gubernamental.
Aprovechando una visita reciente de la presidenta Sheinbaum a Mexicali, Martin y Guzmán entregaron una carta solicitando la agilización del caso ante la FGR. Los firmantes expresaron su preocupación por la seguridad de las víctimas que aún permanecen en la congregación. La falta de comunicación y progreso por parte de las autoridades ha sido frustrante, con Guzmán señalando que la investigación no avanzó por decisión consciente de la FGR.
Mientras México enfrenta el reto de convertirse en un espacio de justicia, Martin y Guzmán continúan demandando un cambio. La situación actual refleja un ciclo de impunidad que debe romperse si se desea proteger a las víctimas de organizaciones que operan con un alto grado de poder y influencia. A pesar de la desilusión de las víctimas, aún hay esperanza de que la presión pública y el escrutinio puedan llevar a un reconocimiento más amplio de los abusos y, eventualmente, a una búsqueda genuina de justicia.
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