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La violencia contra las mujeres no solo destruye vidas: también tiene un enorme coste económico que, durante demasiado tiempo, ha permanecido invisible en el debate público. En América Latina, su impacto puede alcanzar entre el 2% y el 6% del producto interior bruto. Son cifras que deberían figurar en la primera página de cualquier agenda de gobierno.
Investigaciones como las lideradas por el economista Javier Vara-Horna lo documentan con datos concretos: el 3,7% del PIB en Perú, más del 6% en Bolivia. Cifras aún fragmentadas, difíciles de comparar entre países, pero suficientemente elocuentes para revelar la magnitud del problema. Cuantificar ese coste no es un ejercicio tecnocrático: es una forma de sacudir la indiferencia social frente a una realidad cotidiana, y de convertir el dolor en argumento político.
Detrás de los datos hay historias concretas. Una mujer que pierde su empleo por las ausencias provocadas por la violencia en el hogar. Otra que agota sus ahorros en atención médica y asesoría legal. Una madre que reorganiza su vida entera para proteger a sus hijos, asumiendo en solitario costes que rara vez aparecen en las estadísticas oficiales.
Entre el 44% y el 50% del coste total de la violencia recae directamente sobre las mujeres y sus hogares. El Estado, en cambio, asume apenas entre el 11% y el 13%, principalmente a través de los sistemas de salud, justicia y protección social. La violencia no solo vulnera derechos: también desplaza sus costes hacia las víctimas.
Y sin embargo, seguimos sin contar con las herramientas necesarias para medirla de forma sistemática. El subregistro de casos, la fragmentación de los sistemas de información y la ausencia de metodologías comparables entre países dificultan dimensionar con precisión el fenómeno. Sabemos que el impacto es enorme. No siempre sabemos traducirlo en decisiones públicas eficaces.
Este diagnóstico fue compartido recientemente en el marco de la 69.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW69), donde organismos como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM) subrayaron la urgencia de avanzar hacia estándares comunes de medición. El objetivo es reforzar las políticas de prevención dotando a los Estados de datos comparables que permitan orientar la inversión pública con criterio.
Cuando un Estado logra medir el coste de la violencia, algo esencial cambia: el problema deja de percibirse únicamente como una cuestión social o judicial y pasa a entenderse como un obstáculo directo para el desarrollo económico. Esa transformación conceptual tiene consecuencias políticas reales. Con menos violencia, ganamos todas y todos. Medir la violencia no es solo un ejercicio técnico. Es una condición imprescindible para prevenirla.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
