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El tribunal correccional de París ha declarado culpable este lunes a la empresa de cemento francesa Lafarge y a ocho antiguos responsables del grupo por financiación del terrorismo en 2013 y 2014. El tribunal considera probado que pagaron a grupos yihadistas para que permitieran seguir operando una planta en plena guerra en Siria.
El ex consejero delegado entre 2008 y 2015, Bruno Lafont, ha sido condenado a seis años de prisión con ingreso inmediato por financiación del terrorismo. El exdirigente del CAC 40 (que representa el rendimiento de las 40 empresas francesas de mayor liquidez y capitalización), de 69 años, fue detenido en la sala de audiencias y trasladado inmediatamente por la policía. Su defensa anunció que recurrirá la sentencia y solicitará su puesta en libertad, calificando la orden de encarcelamiento como “injustificada”.
La empresa ha sido condenada a la multa máxima de 1.125 millones de euros. Además, el tribunal la condenó a pagar una multa aduanera de 4,57 millones de euros, de forma solidaria con cuatro antiguos directivos del grupo, por incumplimiento de las sanciones financieras internacionales, otro delito clave en el proceso.
La compañía, posteriormente absorbida por el grupo suizo Holcim, es el mayor productor mundial de materiales de construcción. El tribunal ha sentenciado que realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, incluido el grupo Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), por un total cercano a 5,6 millones de euros.
El tribunal señaló también que dichos fondos permitieron “preparar atentados terroristas” en Francia. Algunas víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015, de hecho, se constituyeron como acusación particular, considerando este asunto como uno de los “engranajes” que contribuyeron a los ataques.
Un juzgado de Nueva York ya condenó en 2022 a la compañía y su filial en Siria al pago de un total de 777,78 millones de dólares de multa, por el mismo motivo, tras declararse culpable del “asombroso crimen”, como lo definió el fiscal. Lafarge compró las materias primas necesarias para fabricar cemento a proveedores controlados por el ISIS y pagó una especie de impuesto revolucionario mensual a grupos armados para que los empleados, clientes y proveedores pudieran atravesar los puestos de control de los grupos armados en las carreteras que rodean la planta de Jalabiyeh.
El ISIS, que recibió también pagos en función de la cantidad de cemento vendida, facilitó a los trabajadores de Lafarge salvoconductos que fueron usados como prueba en el caso.
El tribunal también ha condenado ahora a otros siete antiguos responsables de la cementera a penas de entre 18 meses y siete años de prisión. Asimismo, ordenó el ingreso inmediato en prisión del exdirector general adjunto Christian Herrault, condenado a cinco años.
La planta de Jalabiya, pese a los pagos realizados, fue finalmente evacuada de urgencia por Lafarge el 18 de septiembre de 2014 ante el avance del ISIS. Al día siguiente, cayó en manos de los yihadistas.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
