El Congreso del Estado de México se ha embarcado en una iniciativa crucial para enfrentar una de las problemáticas más apremiantes de la región: la escasez de agua. En 2026, el enfoque legislativo está centrado en la creación de una nueva Ley de Aguas, la cual tiene como objetivo erradicar el robo de suministro y garantizar un acceso equitativo para todos los mexiquenses.
La propuesta, liderada por la Comisión de Recursos Hidráulicos bajo la presidencia de la diputada Miriam Silva Mata, surge en un contexto donde aproximadamente 2.3 millones de personas se ven afectadas por el desabasto de agua en diversas comunidades, como Ecatepec. Esta reforma propone tipificar delitos relacionados con el “huachicoleo” de agua, dotando a las autoridades de herramientas para sancionar penalmente estas prácticas ilícitas y profesionalizar los organismos municipales encargados de gestionar el recurso hídrico. Se estima que en algunos municipios, como Ecatepec, las familias destinan hasta el 20% de sus ingresos al pago del servicio de agua, un hecho insostenible que la legislación busca corregir.
En esencia, la iniciativa reconoce el agua como un derecho humano fundamental y pretende transformar la actual gestión de “infraestructura gris” hacia un modelo más justo y sostenible. Entre los puntos clave de la reforma se encuentran:
- Sanciones severas: La propuesta contempla medidas estrictas contra el robo de agua en tomas clandestinas.
- Garantía de acceso mínimo vital: El Estado deberá asegurar un suministro suficiente y de calidad para todos los ciudadanos.
- Prioridad en justicia hídrica: Las áreas rurales y urbanas marginadas tendrán prioridad en el acceso al agua frente a intereses comerciales.
- Regulación de la entrega de agua: Se busca eliminar la práctica de proporcionar el suministro de agua únicamente una vez por semana o incluso al mes.
Además, la Secretaría del Agua del Estado de México está comprometida con un fortalecimiento institucional para que los ayuntamientos dejen de depender exclusivamente de la perforación de pozos. La nueva normativa demandará una planificación territorial sostenible que permita el cuidado de los acuíferos en zonas críticas como el Valle de Toluca y el Valle de México.
Los organismos municipales deberán implementar reformas significativas, tales como:
- Capacitación: Profesionales capacitados en la gestión del agua para prevenir ineficiencias en su uso.
- Tecnología: Incorporación de tratamientos de aguas residuales y sistemas de captación de lluvia.
- Transparencia: Un registro claro de beneficiarios para evitar la explotación desmedida del recurso.
- Asequibilidad: Asegurar que el costo del servicio no represente un obstáculo económico significativo para las familias.
La nueva legislación también brindará a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México nuevas herramientas para combatir el robo de agua, facilitando a los ciudadanos la posibilidad de denunciar delitos relacionados y ejercer su derecho al suministro. Se podrán presentar amparos colectivos y denunciar tomas clandestinas, fortaleciendo así el marco legal en favor de la comunidad.
Con el respaldo de investigaciones de instituciones como la UNAM y la UAEMéx, queda claro que la crisis hídrica no será resuelta únicamente extrayendo más agua, sino a través de la mejora en la calidad del recurso disponible. La Ley de Aguas del Estado de México plantea un futuro sostenible, donde cada gota de agua cumpla con estándares de salubridad, y donde la contaminación sea eliminada tanto en los hogares como en las industrias.
El Congreso del Estado de México prevé dictaminar esta importante ley durante el presente periodo ordinario de 2026, marcando un hito significativo en la lucha por un acceso equitativo y sostenible al agua en la región.
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