Cajas apiladas y documentos desordenados reflejan un cambio tumultuoso en el Instituto Nacional Electoral (INE) de México. Jaime Rivera, un experimentado funcionario de 70 años, se encuentra realizando su doble mudanza: entrega su oficina y regresa a su tierra natal en el Estado de México para incorporarse a la Universidad Michoacana. Su partida marca el final de nueve años en una institución que, a su juicio, ya no es lo que solía ser.
Al llegar en 2017, Rivera encontró un INE cohesionado, fuerte en su autonomía e interacciones internas. Sin embargo, conforme pasaron los años, las tensiones aumentaron ante un clima político hostil. Desde 2018, el gobierno ha implementado decisiones que debilitaron al organismo, incluidas sanciones a partidos y la difusión de imágenes que lo delinean como el órgano electoral más costoso del mundo.
El 2024 se plantea como un año complicado para el INE, que enfrenta elecciones con reglas confusas y exigencias que superan sus capacidades. El reto no solo es político, sino operativo. ¿Cómo manejar múltiples elecciones —judiciales y políticas— al mismo tiempo sin perder legitimidad? Rivera advierte que esta complejidad podría erosionar la credibilidad del sistema, un hecho que nadie desearía ver, especialmente en un país que valora tanto su democracia.
Las preguntas sobre el estado actual del INE son contundentes. Rivera asegura que, hasta 2017, había un compromiso claro con la autonomía, pero desde entonces, se ha visto un continuo ataque al organismo. No será fácil restaurar esa cohesión perdida, ya que la presidenta actual, Guadalupe Taddei, enfrenta el reto de unir un consejo dividido.
Rivera también señala que la austeridad ha impactado negativamente al INE. Con más responsabilidades y menos recursos, se sacrifican funciones esenciales. Esta situación no solo comprime el presupuesto del organismo, sino que pone a prueba su capacidad para cumplir con sus deberes de manera efectiva.
Las reformas electorales propuestas por el gobierno en el pasado reciente han suscitado debates intensos. Según Rivera, dado que el INE ha estado funcionando de manera adecuada, no es necesario implementar cambios drásticos. En cambio, sugiere que se debería trabajar en la claridad de la representación proporcional y la colaboración con otras entidades gubernamentales.
La continuidad y fortalecimiento del INE dependen en gran medida de la capacidad de nuevos consejeros para ejercer su autonomía con firmeza e independencia, tal como es necesario en una democracia madura. El mensaje es claro: los responsables del futuro electoral de México deben navegar con cautela en un panorama cada vez más problemático, dada la creciente complejidad de las exigencias centrales del sistema.
A medida que el INE se dirige hacia su futuro, con la mirada fija en las elecciones de 2027, la necesidad de un camino claro y viable se vuelve más urgente. La combinación de su historia, presente y las lecciones aprendidas delinearán cómo se estructura el vital sistema electoral mexicano en los años venideros. La pregunta permanece: ¿podrán alinearse los intereses políticos con el bienestar de una democracia ya frágil?
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