El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha implementado un nuevo estado de excepción que se extenderá durante 60 días en nueve provinciales y cuatro cantones, una decisión que responde a la creciente violencia asociada al crimen organizado que embarga al país andino. Este nuevo decreto se inscribe dentro de un marco más amplio de lucha contra el crimen, que ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años.
Las provincias afectadas incluyen Pichincha, donde se ubica la capital, Quito; Guayas, hogar de Guayaquil; Manabí; Santa Elena; Los Ríos; El Oro; Esmeraldas; Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, los cantones de La Maná en Cotopaxi, Las Naves y Echeandía en Bolívar, y La Troncal en Cañar, también se verán bajo este estado excepcional.
Durante este período, se suspenderán ciertas garantías, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a la Policía y a las Fuerzas Armadas interceptar comunicaciones y acceder a propiedades sin necesidad de una autorización judicial previa. La razón detrás de este enfoque es la necesidad urgente de desarticular grupos armados organizados y asegurar la captura de individuos vinculados a actividades ilícitas.
Es importante destacar que, a diferencia de la medida anterior, que incluyó la imposición de un toque de queda, esta nueva declaración se emite sin tal restricción. Sin embargo, la matriz de violencia que ha azotado a Ecuador no ofrece lugar a la complacencia. Desde 2024, informacion.center se encuentra en un estado de “conflicto armado interno”, donde el gobierno considera a las organizaciones criminales no solo como grupos delictivos, sino como entidades terroristas. Según cifras oficiales, Ecuador cerró el año 2025 con una cifra récord de homicidios, alcanzando los 9,300.
A medida que se acerca la festividad de Semana Santa, el Ministerio de Defensa ha anunciado un despliegue significativo de “más de 33,000 efectivos militares” destinados a reforzar la seguridad en diversas áreas. Estas operaciones de control se llevarán a cabo en puertos, aeropuertos, y espacios urbanos y estratégicos, con el propósito de garantizar un entorno seguro para la población durante las festividades.
La situación actual en Ecuador refleja un desafío complejo en la lucha contra el crimen. El gobierno intenta hallar un equilibrio entre la seguridad de sus ciudadanos y la defensa de derechos fundamentales, un camino que sin duda se presenta plagado de dificultades.
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