Las heridas (y lecciones) que deja la eutanasia de Noelia Castillo | Sociedad

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia el jueves en la habitación del que ha sido su hogar en los últimos tiempos: Sant Camil, una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, 40 kilómetros al sur de Barcelona. Ese santo, Camilo, es el patrón de los enfermos, pero también de los médicos, que han estado en la diana de grupos ultras poco menos que como responsables de la muerte de la joven parapléjica a los 25 años. El señalamiento de los profesionales vinculados al caso es solo una de las consecuencias que deja la traumática eutanasia de Noelia, que ha tenido que batallar contra su padre y superar hasta cinco filtros judiciales antes de ver cumplido, casi dos años después, su derecho.

La eutanasia discurre, en la inmensa mayoría de casos, de forma pacífica, reducida a la intimidad de la esfera familiar. Noelia quería estar sola cuando llegara la hora de “cerrar los ojos”, como expresó en una entrevista a Antena 3, que fue su testimonio vital, pero que, inevitablemente, puso todos los focos sobre ella y rompió cualquier ilusión de privacidad. La entrevista, donde da cuenta de una vida difícil (abandono, abusos sexuales, depresión y un intento de suicidio que le condujo a una paraplejia), plagó las redes de comentarios de apoyo, pero también de críticas al Estado por permitir el “asesinato” de una joven. Su caso ha movilizado como nunca la ruidosa oposición a la ley de eutanasia, igual que ha revelado las costuras de una norma que no supo resolver, de entrada, quién podía oponerse, de forma legítima, a una decisión tan personal como es la de morir dignamente.

Estas son algunas de las heridas (y lecciones) que el caso de Noelia deja tras de sí.

Noelia, ariete contra la ley

Por su singularidad, una chica de solo 25 años que, además, da la cara, el caso de Noelia ha sido utilizado como ariete contra la ley de eutanasia. El padre recurrió la prestación de ayuda a morir que había sido concedida a su hija en julio de 2024 y logró tenerla varada en los juzgados durante un año y ocho meses. Le ha representado en todo este largo periplo judicial Abogados Cristianos, que ha hecho bandera del caso para denunciar la aplicación de la ley. Tras la difusión de la entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, cuentas de entidades, grupos y partidos vinculados a la ultraderecha han denunciado que el Estado no supo cuidar a Noelia en vida y solo ha podido prestarle asistencia para morir. Ese argumento se sustenta, en parte, en un bulo difundido con perseverancia estos días: que la joven fue violada en grupo por parte de menas (acrónimo de menores extranjeros no acompañados) en un centro de menores mientras estaba tutelada. Pero eso no solo no lo ha contado Noelia en la entrevista (donde sí relata otras agresiones, justo antes de arrojarse desde un quinto piso y quedar parapléjica, en 2022), ni consta en los expedientes consultados por este diario, sino que ha sido desmentido con rotundidad por la Generalitat.

La autonomía del paciente, cuestionada

La entrevista provocó un alud de mensajes y ofertas de “ayuda” que invitaban a Noelia a renunciar a la eutanasia o, al menos, a reconsiderarlo. Es el caso, por ejemplo, del pianista James Rhodes, que se prestó a pagar los gastos médicos. También aparecieron psicólogos, e incluso el cantante Pitingo le tendió la mano y le pidió que repensase su decisión. Todo esto supone presumir que la determinación de la joven había sido irreflexiva —en realidad, estuvo dos años manteniendo con firmeza que quería la ayuda para morir— y cuestiona un principio básico como la autonomía del paciente: una persona adulta y competente (como Noelia, según acreditaron los profesionales médicos y han confirmado las sentencias judiciales) tiene capacidad de decidir. Para Narcís Cardoner, director de Psiquiatría del Hospital Sant Pau de Barcelona, hay una mirada “infantilizadora” en esos comentarios, en parte, producto del “estigma” alrededor de las personas con problemas de salud mental: “Como si ellos no pudiesen decidir y tuviésemos que hacerlo por ellos”.

La salud mental, en el punto de mira

El caso de Noelia ha vuelto a poner el foco en la complejidad que acompaña a las peticiones de eutanasia por motivos de salud mental. La ley no excluye los trastornos psiquiátricos, pero se trata de una casuística controvertida porque, entre otras cosas, no necesariamente conllevan un pronóstico de vida limitado. Las particularidades de estos casos han generado debate judicial y han precipitado un posicionamiento oficial de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano de la Generalitat que supervisa las peticiones de ayuda a morir, para tratar el abordaje de estos casos. Aunque se trata de situaciones excepcionales, “son complejas y requieren una valoración muy detenida”, conceden.

Una de las grandes cuestiones a debate es si la persona que lo solicita está en plenas capacidades o su decisión está condicionada por la propia enfermedad (un síntoma de la depresión, por ejemplo, pueden ser las ideaciones de muerte). De entrada, un diagnóstico psiquiátrico no distorsiona automáticamente la capacidad de juicio. Y hay mecanismos clínicos para valorar si esa petición está provocada por una fase aguda de la enfermedad y para evaluar si la capacidad de decisión está comprometida por otras circunstancias, como un deterioro cognitivo, por ejemplo.

Otro elemento controvertido es cómo se mide el sufrimiento vinculado al trastorno mental. Cardoner, experto en patología mental compleja y crónica, asume que el padecimiento es “subjetivo”, pero “se puede evaluar cómo ese trastorno mental ha impactado en la autonomía del paciente y si hay alternativas de que mejore”. ”En salud mental no hay marcadores objetivos, pero podemos establecer pronósticos basados en la experiencia y en la evolución de la enfermedad. El gran dilema es si puedes hacer algo más y si hay garantías de que funcione o que cambiemos algo”, plantea. La comisión exige un historial psiquiátrico y terapéutico de más de dos años para garantizar que no es una enfermedad que acaba de debutar o que no tiene recorrido terapéutico previo.

Los profesionales, con temor

El caso de Noelia ha puesto en la diana a los profesionales de la salud. Estos días se han vertido infinidad de comentarios que dan a entender que no se atendió a Noelia. Unas críticas que ignoran o parecen no tener en cuenta que, en su voluminoso expediente, consta la intervención de numerosos profesionales (neuropsicólogos, psicólogos, psiquiatras) que la han atendido y han hecho seguimiento. También se sienten igualmente señalados los miembros de la comisión catalana que vela por la aplicación de la ley en esta comunidad. El pleno de ese órgano, formado por profesionales independientes (la mayoría, juristas y médicos), aprobó por unanimidad la eutanasia a Noelia tras un examen concienzudo. Eso no les ha impedido ya no solo que se cuestione su actuación en los tribunales, sino que se hayan visto inmersos en causas penales. Abogados Cristianos se ha querellado contra la dupla médico-jurista que vio el caso de Noelia por prevaricación y falsedad. La CGAC ha vivido ese movimiento como una forma de amedrentar a sus profesionales y disuadirlos de tomar parte en resoluciones sobre peticiones de eutanasia.

La incógnita de quién puede oponerse

Si Noelia no recibió la eutanasia hace dos años, cuando estaba prevista inicialmente, fue porque el padre se opuso y presentó una demanda en los tribunales. Logró que un juzgado paralizase su aplicación la víspera y de forma cautelar. Más tarde, a base de recursos y pese a los fracasos acumulados sentencia tras sentencia, logró mantener paralizado el proceso casi dos años. El caso inspira una de las grandes preguntas en torno a la ley: ¿quién está legitimado para oponerse a una eutanasia? La norma prevé que la prestación de ayuda a morir se otorgue mediante una resolución administrativa, por lo que, según las garantías constitucionales, siempre va a poder ser recurrida en los tribunales. Sin embargo, al no fijar la ley quién puede hacerlo y en qué condiciones, dejó abierta una puerta que el Tribunal Supremo va a intentar delimitar presumiblemente antes del verano. Y no a propósito del caso de Noelia, en el que ese terreno no se exploró, sino del de otro solicitante de eutanasia que sigue a la espera: Francesc Augé, cuyo padre también se opone a su eutanasia.

Una respuesta judicial demasiado lenta

Si algo denuncian los profesionales vinculados a la eutanasia es la lentitud con la que se ha desenvuelto la justicia, especialmente en los primeros compases: la sentencia inicial del juzgado contencioso de Barcelona (que avaló la eutanasia) y la posterior ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Después, las cosas han ido más rápido: entre enero y marzo, hubo sentencia del Tribunal Supremo y también el rechazo a aplicar medidas cautelares tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.

Expertos consultados por este diario reclaman que, en caso de recurso, se habilite algún tipo de mecanismo por el que puedan resolverse los casos con celeridad. De lo contrario, solo se aboca al paciente a un mayor sufrimiento, como constataron los análisis médicos de Noelia mientras estuvo en Sant Camil, esperando una decisión que no acababa de llegar ni de ser definitiva. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado este viernes que están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales.

Y la ley, pese a todo, funciona

Noelia murió como quería, haciendo uso de un derecho legalmente reconocido y, pese al revuelo mediático y los bulos que circularon durante todo su proceso, a través de unos cauces legales extremadamente garantistas. La norma funciona y los datos lo avalan. Desde que entró en vigor (2021) y hasta 2024, último año del que se tienen cifras, 2.432 personas solicitaron la ayuda para morir: de ellas, 1.123 fallecieron por eutanasia. El caso de Noelia fue paradigmático, entre otras cosas, por su edad, pero el 90% de los solicitantes suelen tener más de 50 años y las enfermedades predominantes detrás de las peticiones acostumbran a ser de carácter neurológico o tumores.