El ejército británico ha tomado medidas decisivas en el ámbito de la seguridad marítima, anunciando que podrá interceptar e incautar navíos sancionados que pertenezcan a la conocida “flota fantasma” rusa. Esto se ha establecido tras un comunicado emitido por Downing Street el pasado 25 de marzo de 2026, destacando que las operaciones se desarrollarán en las aguas territoriales del Reino Unido.
El primer ministro laborista, Keir Starmer, ha afirmado que las fuerzas armadas británicas y los servicios de seguridad estarán facultados para actuar contra embarcaciones que hayan sido sancionadas. Hasta ahora, un total de 544 barcos han sido señalados y sancionados, en su mayoría viejos petroleros que Moscú utiliza para eludir las restricciones impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania en 2022. Este esfuerzo se enmarca dentro de una estrategia más amplia para cerrar el cerco alrededor de esta flota, impidiendo su acceso incluso a áreas críticas como el Canal de la Mancha.
La estrategia del Reino Unido implica que los buques sancionados se verán obligados a recurrir a rutas más largas y costosas, añadiendo presión sobre sus operadores. Cada acción de interceptación requerirá la aprobación del gobierno, lo que asegura que estas operaciones estén bajo control.
Esta decisión británica llega en un contexto global agitado, coincidiendo con un levantamiento temporal de algunas restricciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos, con el fin de mitigar el aumento de precios en el mercado energético. El presidente ruso, Vladimir Putin, parece beneficiarse de la actual situación, inflando los precios del petróleo, lo que ha suscitado preocupación en Londres. Starmer enfatizó que el 75% del crudo ruso es transportado por esta flota deteriorada, lo que subraya la necesidad de actuar con firmeza.
Adicionalmente, otros países europeos, como Francia y Bélgica, también han intensificado sus esfuerzos para interceptar embarcaciones que intentan eludir sanciones de manera similar. Tras la incautación de un buque, se podrán abrir procedimientos penales contra los propietarios y la tripulación, en correspondencia con la legislación británica sobre sanciones.
La evolución de esta situación marítima no solo refleja un endurecimiento de las políticas de sanciones en el contexto del conflicto en Ucrania, sino también una coordinación más estrecha entre naciones aliadas para asegurar el cumplimiento de las mismas. Con este paso, el Reino Unido refuerza su compromiso de controlar el tráfico marítimo sancionado, un tema candente en el escenario internacional actual.
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