El panorama global de los derechos de género ha comenzado a mostrar señales de tensión y retrocesos preocupantes. En los últimos años, la ascensión de movimientos de extrema derecha y corrientes antigénero ha reconfigurado el ámbito político, desde Europa y Estados Unidos hasta Asia y África. Esta tendencia se caracteriza por un ataque sistemático a marcos de derechos previamente consolidados, desafiando la legitimidad de instituciones de igualdad y recortando presupuestos destinados a promover la equidad de género. Estos movimientos sitúan a los feminismos como una amenaza al “orden tradicional”, generando un ambiente de creciente resistencia.
En muchos países, este discurso se entrelaza con formas de nacionalismo y religiosidad conservadora que deslegitiman la lucha por la igualdad de género, tratándola de “ideología” y negando su condición de derecho humano. La situación se torna más crítica en un contexto de incertidumbre económica y desinformación digital, en el que la agenda de igualdad se convierte en blanco de proyectos autoritarios que buscan restaurar estructuras jerárquicas y patriarcales.
A pesar de estos desafíos, América Latina ha visto avances significativos en la última década. El informe de diversas organizaciones, como ONU Mujeres y la CEPAL, señala que, aunque los logros son reales, son también insuficientes y vulnerables al rechazo conservador. Por ejemplo, ningún indicador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la igualdad de género se encuentra completamente cumplido, y se proyecta que la paridad en parlamentos tardará décadas en alcanzarse.
El entorno legislativo ha sido un terreno fértil para la equidad de género en varios países latinoamericanos. México, por ejemplo, ha alcanzado un notable reconocimiento en términos de paridad, gracias a reformas que exigen listas equilibradas y un acceso equitativo a cargos de decisión. A la vista de todos, en 2024, Claudia Sheinbaum será la primera presidenta del país. En Chile, bajo la administración de Gabriel Boric, se han implementado políticas robustas en prevención de violencia y un sistema nacional de apoyos y cuidados, que refuerza el derecho al cuidado. Colombia también ha dado pasos significativos, integrando servicios de justicia y protección para mujeres afectadas por el conflicto armado.
Las campañas de prevención de la violencia han tenido un impulso notable. Brasil, tras el regreso de un gobierno progresista, ha fortalecido las penas por feminicidio y ha lanzado campañas nacionales para enfrentar la violencia de género. En México, se han anunciado diez acciones para mejorar la coordinación institucional y brindar una atención más efectiva a mujeres vulnerables, mientras que en Honduras se han reforzado las políticas de protección a través de la reciente Ley de ‘Casas Refugio’. Sin embargo, el contexto es sombrío: según la CEPAL, los índices de feminicidio e impunidad en la región permanecen alarmantemente altos.
En el ámbito de derechos sexuales y reproductivos, la “marea verde” ha reconfigurado el mapa regional. Argentina hizo historia en 2020 al legalizar el aborto, mientras que Colombia lo despenalizó hasta la semana 24 en 2022, y en México un fallo de 2023 declaró inconstitucional su penalización a nivel federal. Chile también ha reactivado el debate sobre la ampliación de derechos, buscando despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Desafortunadamente, algunos retrocesos son innegables. Argentina enfrenta un preocupante desmantelamiento de la institucionalidad de género bajo el gobierno de Javier Milei, quien ha eliminado programas y realizó recortes significativos en iniciativas contra la violencia. En Centroamérica, países como El Salvador siguen manteniendo la prohibición total del aborto, y Nicaragua ha clausurado centenares de ONG, silenciando a numerosas defensoras de derechos.
Mientras América Latina alberga algunos de los movimientos feministas más fuertes del Sur Global, los retrocesos políticos y los recortes presupuestarios amenazan con desmantelar los logros recientes. La experiencia de Argentina sirve de advertencia: sin un compromiso constante, las políticas de igualdad pueden desaparecer rápidamente.
Así, la lucha por la igualdad no sólo es un objetivo alcanzado, sino un camino que requiere vigilancia continua, inversión y voluntad política. En un contexto global desafiante, la igualdad no es un hecho garantizado, lo que resalta la necesidad de esfuerzos sostenidos para preservar y ampliar las conquistas de derechos y libertades alcanzadas.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
