La situación del crimen organizado en México se ha intensificado notablemente, especialmente tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, el pasado 22 de febrero de 2026. Su arresto ha desatado repercusiones en la confianza ciudadana hacia las fuerzas de seguridad, revelando una alarmante red de complicidad entre policías y miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las consecuencias del operativo han sido desconcertantes. En Chiapas, alrededor de 300 policías enfrentan procesos penales por presuntos vínculos con grupos delictivos. En los estados de Michoacán y Jalisco, han saltado a la luz casos similares, donde policías han estado involucrados en una llamada narconómica que aparentemente pagaba sobornos a miembros de diversas corporaciones policiales a nivel nacional. Esto ha creado un ambiente de desconfianza y temor entre los ciudadanos, quienes han denunciado abusos de autoridad y arrestos arbitrarios.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ha subrayado la gravedad de la situación, indicando que, si la captura de El Mencho hubiera ocurrido en 2024, el estado se habría sumido en el caos. Sus declaraciones coincidieron con la publicación de registros contables encontrados en una de las cabañas donde se ocultaba el narcotraficante, los cuales reflejaron ganancias multimillonarias de más de 8.7 millones de pesos en un solo mes, provenientes de la venta de drogas y máquinas tragamonedas.
En este contexto de criminalidad y desconfianza, las anotaciones adicionales en los registros revelan un oscuro panorama donde se destinan sumas significativas a la operación de sicarios y a la corrupción de autoridades. En algunas áreas de Chiapas, se identificaron gastos semanales que alcanzan casi dos millones de pesos, corroborando los rumores de vínculos entre el crimen organizado y la policía local.
Además, el Fiscal del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, ha confirmado que varios miembros de la Fuerza de Élite Pakal enfrentan cargos serios por extorsión y desaparición forzada. La magnitud de las investigaciones ha llevado a la detención de más de 450 agentes de seguridad, con una tercera parte ya bajo juicio por conductas delictivas.
El CJNG también mantiene un feroz enfrentamiento con el Cartel de Sinaloa por el control de las rutas de tráfico en el sur de Chiapas, donde la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal se ha convertido en un foco de interés, tras ser creada por el mismo gobernador en 2024. A pesar de los esfuerzos del gobierno por actuar con transparencia, la sombra del crimen persiste.
En Jalisco, el epicentro del operativo para capturar a El Mencho, las autoridades han comenzado a desmantelar una intrincada red de complicidades que involucra a funcionarios públicos y policías municipales. En noviembre de 2025, se detuvo al director de la policía en Chiquilistlán y otros dos agentes, tras descubrirse pagos de sobornos en diversas localidades del estado.
En Michoacán, la situación es igualmente preocupante. Policías han sido detectados operando como halcones, informantes al servicio del cartel, obstruyendo la labor de las autoridades en la carretera. Según el Fiscal del Estado, varios agentes incluso han estado al tanto de acciones delictivas, recibiendo amenazas para que no interfirieran en los bloqueos propiciados por el CJNG.
Los hallazgos en los registros contables han puesto de manifiesto la extensa red de corrupción y complicidad que permea las instituciones de seguridad en México. La lucha contra el crimen organizado se encuentra lejos de ser ganada, y cada arresto trae consigo una serie de desafíos que ponen a prueba la integridad y la transparencia de las fuerzas de seguridad en informacion.center.
Actualización al 3 de marzo de 2026: La situación continúa en desarrollo, con nuevas detenciones y avances en las investigaciones por corrupción.
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