La historia de Miguel Peralta Betanzos, defensor de la autonomía y del territorio mazateco, ha tomado un giro significativo tras la anulación de su sentencia por tentativa de homicidio, un fallo que se emitió el pasado viernes por un tribunal federal en Oaxaca. Este pronunciamiento no solo revisa el caso de Peralta, quien es un conocido activista de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, sino que también establece un precedente crucial al cuestionar la validez de las pruebas presentadas anteriormente.
La situación legal de Peralta se remonta a más de una década, caracterizada por acusaciones que muchos en la comunidad consideran fabricadas y motivadas por su resistencia a proyectos que ponen en riesgo los recursos naturales de la región. Su encarcelamiento entre 2015 y 2019 y la posterior condena de 50 años en 2022 por la tentativa de homicidio de una mujer, Elisa Zepeda, junto con el homicidio de Iván Zepeda, han sido puntos clave en su largo proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a reexaminar su caso en 2024, señalando “vicios en el procedimiento” que subrayaron su derecho a la presunción de inocencia.
En la decisión reciente, los magistrados del tribunal federal subrayaron que se violaron derechos fundamentales de Peralta durante el juicio, citando irregularidades evidentes en cómo se valoraron las pruebas que llevaron a su condena. El tribunal no solo anuló la sentencia, sino que también ordenó revisar el juicio por homicidio, dejando claro que la evidencia recogida carecía de sustento fiable.
Araceli Olivos, abogada de Peralta, resaltó cómo esta decisión invita a una nueva valoración de las pruebas, asegurando que el tribunal ha proporcionado directrices sobre cómo deben ser examinados los testimonios. Aunque la nueva revisión podría parecer un retroceso al ambiente judicial en Oaxaca, también ofrece la oportunidad de rectificar errores que han tenido un impacto significativo en la vida de Peralta y su comunidad.
La narrativa de persecución y criminalización contra Peralta y los pobladores de Eloxochitlán está entrelazada con el conflicto social y ambiental que enfrentan. En el trasfondo de esta lucha se encuentra Manuel Zepeda Cortés, un cacique local vinculado al partido Morena, cuya familia ha sido acusada de promover la violencia y la intimidación en busca de controlar los recursos naturales de la región. El caso ha resaltado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante fuerzas políticas y económicas que buscan saquear sus territorios.
Desde la balacera en 2014 que dejó un muerto y varios heridos, hasta la detención irregular de Peralta, el contexto de violencia y despojo se ha vuelto más evidente. El activista ha declarado que su comunidad lucha no solo por su libertad, sino también por el derecho a ser escuchados y respetados en su demanda por una vida digna y sostenible.
El camino hacia la justicia todavía está lleno de desafíos. A pesar de la anulación de la sentencia, el delito de homicidio sigue pendiente, lo que significa que la comunidad de Eloxochitlán aún enfrenta un camino complicado. Sin embargo, la reciente decisión del tribunal podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la justicia, la verdad y la preservación de sus recursos naturales. En este contexto, Peralta y sus compañeros de lucha mantienen la esperanza de que la justicia finalmente prevalezca, enfrentando a quienes continúan perpetuando la violencia y la impunidad en su comunidad.
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