En un pronunciamiento trascendental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha estipulado que el incremento anual de las rentas en la Ciudad de México no podrá exceder la inflación del año previo. Esta decisión, aunque vista como un mecanismo que protege el derecho a una vivienda adecuada y mitiga aumentos desproporcionados, ha generado diversas opiniones en el sector inmobiliario.
La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) considera que, si bien es una medida que se alinea con las dinámicas económicas actuales, la existencia de un límite en el aumento de las rentas hace innecesaria una ley de alquiler que imponga restricciones más severas. Para la ADI, el verdadero obstáculo para el desarrollo habitacional en la capital no reside en este tope, sino en la falta de herramientas adecuadas para la planeación urbana, la lentitud de los procesos administrativos y la ausencia de condiciones propicias para aumentar la producción de vivienda.
Desde su implementación en el Código Civil local en 2024, la ADI ha asegurado que el límite en los incrementos no ha tenido repercusiones negativas significativas para los desarrolladores. No obstante, la preocupación surge ante la posibilidad de una futura Ley de Rentas Justas y Asequibles, que podría establecer controles directos sobre los precios en el mercado. La ADI advierte que tales medidas podrían desincentivar la inversión privada y, en última instancia, reducir la construcción de nuevas viviendas, exacerbando así la crisis de vivienda en la capital.
Es preocupante que, en la actualidad, se estimen necesarias alrededor de 70,000 unidades habitacionales al año, mientras que la producción real es de menos de 5,000. Este déficit estructural podría ser el resultado de una constante disminución en la inversión de los desarrolladores dentro de la Ciudad de México; de un 80% destinada a la capital, ahora solo representa menos del 20%. Esta tendencia se debe, en gran parte, a la falta de certeza en los tiempos de autorización de proyectos y a las dificultades para obtener cambios de uso de suelo y permisos necesarios.
La ADI resalta que es imperativo fortalecer la planeación urbana y simplificar los procesos para permitir una densificación adecuada y el desarrollo de vivienda vertical y de usos mixtos. Implementar políticas públicas que amplíen la oferta de vivienda no solo permitiría responder a las actualizadas necesidades habitacionales de la capital, sino también generar condiciones que moderarían los precios a largo plazo.
La idea es clara: la única solución sostenible a la alza de precios radica en la producción de más vivienda. Frente a una población en aumento y un panorama habitacional precarizado, las acciones que busquen mejorar la situación del mercado inmobiliario se tornan más que necesarias.
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