La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está próxima a enviar una propuesta al Senado que busca poner fin a las pensiones doradas para altos mandos de confianza de diversas dependencias, incluidas la CFE, Pemex y Luz y Fuerza del Centro. La medida, que se presentará el lunes, ha generado preocupaciones respecto a posibles controversias jurídicas que podrían llevar el asunto a tribunales.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín indicó que muchas de estas “pensiones exorbitantes”, que se pretenden limitar a 70,000 pesos mensuales, fueron creadas con complementos y planes especiales. Debido a esto, tales derechos podrían ser considerados adquiridos y, en consecuencia, protegidos. Agregó que, aunque la incorporación de este límite en la Constitución suena definitiva, el conflicto legal podría persistir. “Si se aplica el recorte a quienes ya están cobrando, se anticipan amparos, y el poder judicial tendrá la última palabra. Si la medida solo aplica hacia adelante, el impacto será menor”, señaló De la Garza.
Además, destacó que es preciso tener cuidado al afirmar que existirá un “ahorro inmediato de 5,000 millones de pesos”, ya que el camino jurídico que sigue esta reforma es más complicado de lo que parece. La distinción entre una pensión de seguridad social y un complemento creado por acuerdos internos o fideicomisos es crucial. En el primer caso, los derechos están más blindados, mientras que en el segundo, hay mayor margen para ajustes. En este sentido, el abogado sugirió que el Estado podría haberse abstenido de actuar en el pasado por temor a violar la prohibición constitucional de retroactividad al reducir pensiones ya otorgadas.
Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), corroboró que las pensiones otorgadas legalmente podrían ser defendidas en tribunales por los exfuncionarios, quienes argumentarían una violación de derechos adquiridos. Esto plantea la necesidad de que los tribunales determinen si el nuevo tope de pensiones, que corresponde a la mitad del salario de la presidenta, puede aplicarse de forma retroactiva.
Sin embargo, más allá de la legalidad, Ramírez opinó que estas pensiones abultadas son moralmente cuestionables, especialmente si se comparan con lo que percibe el mexicano promedio.
Desde el ámbito académico, un profesor investigador del Tec de Monterrey sugirió que la claridad sobre las posibles controversias jurídicas se lograría una vez se apruebe la iniciativa de reforma, que plantea si se aplicará de manera retroactiva. Este académico también cuestionó la decisión de limitar el tope de pensiones únicamente a personal de confianza, dejando fuera a los trabajadores sindicalizados, quienes también gozan de pensiones elevadas financiadas con recursos públicos.
La reforma que se anticipa este lunes pretende que las pensiones de exfuncionarios de alto rango no superen el 50% del salario del presidente, fijando así un nuevo límite en aproximadamente 70,000 pesos al mes. Esto surge como respuesta a las exorbitantes pensiones que, en algunos casos, alcanzan hasta un millón de pesos mensuales para extrabajadores de empresas como LyFC, Pemex, CFE, Nafin, Banobras y Bancomext. Estimaciones del gobierno sugieren que esta medida podría resultar en un ahorro de 5,000 millones de pesos, que se destinarían a programas de bienestar.
La Nación permanecerá atenta a cómo se desarrollan los acontecimientos tras el envío de esta iniciativa, ya que las repercusiones podrían ser significativas tanto desde el ámbito legal como sociopolítico.
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