Un nuevo capítulo en la saga de Marilyn N., conocida como Marilyn Cote, se ha desatado en Puebla, donde un juez de control ha decidido vincularla a proceso por dos casos adicionales de usurpación de funciones. Este caso ha captado la atención pública y judicial, revelando la compleja situación de una mujer que, licenciada en Derecho, se presentó como psiquiatra pese a carecer de la formación y las autorizaciones necesarias.
Marilyn permanece en prisión preventiva en el penal femenil de Ciudad Serdán mientras se llevan a cabo investigaciones que se han tornado más amplias. Las denuncias que han llevado a estas nuevas acusaciones provienen de pacientes que recibieron atención entre 2019 y 2024. Se alega que, en un caso, proporcionó consultas en Angelópolis, donde diagnosticó trastornos de ansiedad y depresión, además de prescribir medicamentos controlados sin justificación. En otro de los incidentes, habría brindado atención en un domicilio particular, nuevamente emitiendo diagnósticos de trastornos mentales y administrando psicotrópicos sin la debida capacitación.
A pesar de las severas acusaciones en su contra, Marilyn se ha defendido en redes sociales, calificando los señalamientos de “difamaciones” y afirmando contar con respaldo institucional. No obstante, la presión mediática ha sido intensa, lo que la llevó a cerrar sus cuentas en plataformas sociales.
El caso de Marilyn Cote saltó a la luz a finales de 2024, cuando se hizo público que se hacía pasar por psiquiatra y “especialista en desórdenes mentales”, utilizando documentos que no respaldaban su supuesta especialidad. En respuesta a la revelación, la Fiscalía de Puebla inició una investigación que involucró cateos en su consultorio y denuncias por usurpación de profesión.
La situación de la acusada ha ido complicándose. En 2025, fue vinculada a proceso también por amenazas, después de que vecinos de su comunidad la acusaran de apuntarles con un arma de fuego durante un altercado. Esto se suma a una creciente lista de quejas de expacientes quienes alegan que recibieron diagnósticos incorrectos y tratamientos inadecuados, lo que subraya las posibles consecuencias dañinas de su actuación.
Colectivos de pacientes y defensores de la salud mental en Puebla han exigido una investigación pronta y eficaz, señalando que el caso es un claro reflejo de las fallas en la supervisión del ejercicio profesional en este campo. Mientras tanto, la defensa de Marilyn ha intentado sin éxito que se revise su situación de prisión preventiva, a medida que su situación legal se vuelve más crítica con cada nueva vinculación a proceso.
Este complejo caso no solo arroja luz sobre la usurpación de funciones en el ámbito de la salud mental, sino que también pone de manifiesto la importancia crucial de contar con mecanismos de vigilancia efectivos para proteger a quienes buscan ayuda profesional en momentos de vulnerabilidad.
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