La transformación del sistema político mexicano ha tomado giros inesperados en los últimos años, especialmente en relación con la representación legislativa. Tres años atrás, los aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) respaldaron la eliminación de los diputados y senadores plurinominales, aquellos representantes designados proporcionalmente. Sin embargo, en un giro irónico del destino,現在 se oponen firmemente a que este tema se aborde en la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El 6 de diciembre de 2022 se votó un decreto de reforma constitucional que buscaba reducir el número de diputados y senadores plurinominales en la Cámara de Diputados y en el Senado. Curiosamente, de los 41 miembros del grupo parlamentario del PVEM, 40 votaron a favor, y 31 de 33 del PT se unieron a este apoyo, con algunas ausencias registradas. Sin embargo, la propuesta fue finalmente rechazada, dado que no se obtuvo la mayoría calificada, es decir, los dos tercios de los votos presentes necesarios para su aprobación.
Mirando hacia atrás, se debe considerar que el PVEM ya había planteado, en 2017, la necesidad de ajustar el número de representantes en el Congreso, sugiriendo una composición de 300 diputados y 96 senadores. En aquel entonces, los 41 integrantes del grupo parlamentario presentaron una iniciativa que no solo pretendía mejorar la representación política, sino también fortalecer la democracia nacional.
El origen de esta propuesta se remonta a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, quien en su momento prometió eliminar 100 diputados federales. El contexto que rodea esta demanda refleja las crecientes exigencias de austeridad y eficiencia desde la ciudadanía. La iniciativa del PVEM no solo busca una reducción numérica, sino que aspira a mantener los principios de proporcionalidad y pluralidad en el proceso legislativo, con un enfoque en una redistribución que respete la representación democrática.
Dentro de esta propuesta, se destaca que cada una de las 32 entidades federativas tendría tres senadores, y la totalidad de los 96 senadores se dividiría en función de la votación obtenida por cada partido político, renombrando la figura de “representación proporcional” a “representación democrática”.
Este debate en curso sobre la redundancia y la eficacia de los representantes en el Congreso convoca a la reflexión: ¿hasta qué punto las decisiones políticas siguen una línea coherente con las promesas iniciales? A medida que el panorama electoral se redefine, los ciudadanos deben estar atentos a las transformaciones que impactan su representación y la calidad de la democracia en México.
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