Los recientes cambios fiscales en México han generado inquietudes entre los consumidores y las aseguradoras, ya que modifican las condiciones de acreditación del IVA en el pago de siniestros. A partir de 2026, las compañías aseguradoras ya no podrán deducir este impuesto, lo que conllevará que muchas de ellas aumenten sus tarifas.
Un ejemplo claro es GNP Seguros, que ha anunciado un incremento del 6% en los seguros de gastos médicos. Según una circular interna, los agentes de seguros ya estaban informados de este ajuste. Por otro lado, Seguros Monterrey ha señalado que algunos clientes podrían enfrentar aumentos de hasta un 20% en sus pólizas de gastos médicos mayores. Este panorama afecta significativamente a los adultos mayores, quienes podrían ver incrementos en las pólizas de hasta un 40%. Erick Ocampo, presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasafac), estimó que los aumentos promedio en este sector podrían situarse entre el 22% y 23%.
En el ámbito de los seguros de automóviles, se prevé un aumento de hasta un 5%. Quálitas, líder en este segmento, ha manifestado que absorbe parte del impacto fiscal, aunque un incremento en las primas de entre el 3% y 5% sigue siendo inevitable. En 2025, estos seguros ya habían aumentado un 1%, acumulando un 53% de incremento en cinco años, superando la inflación general del 31% en el mismo lapso.
Grupo Financiero Banorte también ha declarado su estrategia frente a este cambio. Su director general, Marcos Ramírez Miguel, informó que la aseguradora absorberá una parte del aumento, pero que no podrá evitar trasladar otra porción a sus clientes. Esto sugiere que el impacto no será igual para todos, especialmente para aquellos considerados clientes de mayor riesgo.
Estos ajustes a la ley de ingresos se deben a un acuerdo entre el gobierno federal y las aseguradoras, el cual elimina la posibilidad de que las empresas acrediten el IVA de los servicios de salud o reparación de automóviles que utilizan para indemnizar a sus asegurados. Este cambio es significativo, ya que anteriormente estos costos se restaban del monto que los clientes pagan por las primas, lo que propiciaba un efecto fiscal positivo para las empresas.
Para el pago correspondiente a 2025, el gobierno brindará un estímulo fiscal a las aseguradoras, permitiendo que cumplan sus obligaciones fiscales a plazos a lo largo de 2026 sin incurrir en multas o intereses, pero esos alivios no son suficientes para evitar el aumento de tarifas que afectará a los consumidores.
En un pronunciamiento reciente, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se mostró preocupada por los incrementos de precios anunciados por las aseguradoras, sugiriendo que esto no formaba parte de los acuerdos alcanzados con el gobierno. Tales comentarios indican que la regulación del sector seguirá siendo un tema importante a seguir en el futuro cercano.
Mientras los hogares y las empresas se preparan para estos aumentos, la percepción de seguridad y respaldo que ofrecen las pólizas de seguros se ve amenazada. Este nuevo escenario plantea un desafío tanto para las aseguradoras como para sus clientes, quienes deben navegar en un entorno de incertidumbre fiscal y financiera.
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