En México, cada vez son menos quienes se atreven a asumir el reto de ser empresarios. En un periodo que abarca los últimos 24 meses, se han cerrado 41,764 negocios, con 24,367 de esos cierres ocurriendo solo el año pasado. Estas cifras son alarmantes: son las peores desde 1998, año en que se inició el registro en el Seguro Social relacionado con este tema.
El contexto no es alentador. La figura del empresario se ha transformado en una experiencia de alto riesgo, tanto a nivel personal como familiar y económico. Aquellos que se aventuran a iniciar un negocio se convierten en héroes decididos a generar riqueza en medio de un mar de obstáculos.
El panorama para los nuevos emprendedores es desalentador. Aquellos dispuestos a dar el paso deben tener en cuenta una serie de gastos: salarios brutos, prestaciones laborales, obligaciones fiscales, costos indirectos, capacitación y herramientas. Y esto es solo una parte; las exigencias gubernamentales y sindicales añaden complejidad a la situación.
En este escenario, el gobierno se presenta como el principal beneficiario. Los cobros de impuestos se acumulan sin un cumplimiento efectivo en temas como la seguridad. Los empresarios, por su parte, deben incrementar sus gastos en seguridad, ya sea en equipos o en contratación de personal, dadas las recurrentes extorsiones y el cobro de “derecho de piso”. Además, enfrentan problemas de infraestructura deficiente y costos elevados de energía.
Las dificultades no terminan aquí. Las autoridades locales empeoran la situación. La corrupción es endémica; obtener licencias de construcción se convierte en un calvario lleno de multas y requisitos que a menudo requieren sobornos a funcionarios e inspectores. A esto se suman las contribuciones a cámaras, sindicatos y colonos, que afectan el balance final del negocio.
La precariedad laboral contrasta con las afirmaciones del gobierno federal sobre un supuesto “círculo virtuoso” generado por los aumentos en los salarios mínimos. La realidad muestra que, ante la falta de alternativas, muchos empleadores y trabajadores prefieren negociar salario sin prestaciones. Algunos optan por registrar su personal en el IMSS con salarios bajos y compensar la diferencia en efectivo.
Los datos del INEGI revelan una preocupante realidad: la pobreza laboral se situó por encima del 34% a finales del año pasado, lo que significa que cerca del 45% de los trabajadores no puede cubrir sus necesidades básicas. La informalidad laboral, lejos de disminuir, está destinada a crecer, ya que las oportunidades para quienes desean emprender se van reduciendo. Muchos adaptan sus empresas a las circunstancias y negocian acuerdos que se alinean con la dura realidad.
El futuro parece sombrío. Propuestas como la instauración de una semana laboral de 40 horas, en lugar de aumentar la eficiencia, podrían requerir más personal. La dificultad para encontrar mano de obra calificada se agudiza, al igual que las tradiciones laborales que se ven desincentivadas por programas sociales.
Con tantos factores adversos, surge la pregunta: ¿qué sentido tiene arriesgar el patrimonio familiar? Sin embargo, a pesar de las incertidumbres, muchos mexicanos continúan dispuestos a asumir el riesgo. Enfrentando un entorno desafiante, los emprendedores siguen luchando con tenacidad, buscando oportunidades incluso en medio de la adversidad.
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