Egipto intensifica las detenciones de ‘influencers’ considerados indecentes | Internacional

Las publicaciones, en decenas de casos, siguen un patrón prácticamente calcado: el Ministerio del Interior de Egipto comparte en su cuenta oficial de Facebook una foto de las personas detenidas con el rostro difuminado, vistiendo ropa de casa y, expuesto delante de ellas, dinero y otros objetos confiscados, como teléfonos y equipos fotográficos. En cuestión de minutos, el suceso salta y se propaga por varios medios de comunicación. ¿El delito? A menudo, haber utilizado una aplicación digital para publicitar o compartir contenido tachado de “inmoral”.

En los últimos meses, este tipo de detenciones se han acelerado en Egipto, donde las autoridades recurren a cargos que grupos de derechos humanos consideran imprecisos, como violar “los valores de la familia” y la “moral pública”, para detener a creadores de contenido por vídeos no políticos subidos a las redes que tildan de “indecentes”. Los primeros casos se remontan a 2020. Desde entonces, al menos 327 personas han sido detenidas en 252 causas judiciales, según un informe reciente de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR). Pero en los últimos meses estas detenciones se han acelerado. Desde agosto, al menos 167 personas han sido arrestadas en 134 causas judiciales, según la EIPR, lo que equivale a más de una al día en los últimos cinco meses. La mayoría (107) fueron de nuevo mujeres, en lo que la EIPR juzga como un intento de controlar sus elecciones personales de vestimenta e imagen para que se ajusten a un ideal más conservador e idealizado de mujeres de clase trabajadora.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de una tiktoker conocida con el nombre ficticio de Suzy El Ordoneya, que comenzó a publicar contenido de su vida cotidiana en 2021 cuando era estudiante de secundaria. En los últimos tres años, después de hacerse muy popular, la joven ha sido investigada en siete casos diferentes, acusada de violar los valores familiares, desacato a la religión, blanqueo de capitales, difusión de noticias falsas e incluso incitación al desorden público y pertenencia a un grupo terrorista, según han declarado sus abogados.

Algunos hombres han sido arrestados a su vez por publicar contenido que grupos de derechos humanos consideran que no se ajusta al arquetipo de masculinidad aceptable por cuestiones como su forma de bailar. El 12 de agosto, la policía también arrestó a una joven por publicar vídeos “indecentes” y afirmar que era “un hombre que se hacía pasar por una mujer”, según Human Rights Watch (HRW). La EIPR ha documentado además investigaciones de hombres homosexuales a partir de contenido privado y personal extraído de aplicaciones de citas.

Entre los perfiles que han sido arrestados desde agosto figuran asimismo cinco artistas de estudios de tatuajes, generalmente considerados prohibidos en el islam, así como un cómico que presenta un programa de entrevistas en el que se expresa con un lenguaje cotidiano y callejero para muchos egipcios, pero que algunos pueden considerar vulgar, según la EIPR.

“Los fiscales son muy conservadores en Egipto y suelen proceder de la clase media alta y la clase alta”, explica Mohamed Lotfy, director de la Comisión Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF), quien cree que muchos “consideran que la sociedad es algo que hay que disciplinar”. “¿Quiénes son estas jóvenes que se muestran así, que llevan ropa provocativa y hablan con lenguaje soez?’ Es una afrenta, y en nombre de la sociedad vamos a procesarlas para que ninguna otra haga lo mismo”, ilustra el defensor de derechos humanos egipcio.

Control social mediante castigos

“El principal objetivo es ejercer control social mediante castigos, juicios y cárcel”, interpreta Lobna Darwish, la directora del programa de derechos de la mujer y de género en la EIPR. “A nivel de clase, se trata de crear restricciones y fronteras sobre quién y cómo puede avanzar social y económicamente, en especial las personas de entornos pobres o de clase media baja”, agrega, y “la segunda cuestión tiene que ver con cómo se deben entender los roles de género”.

En la mayoría de casos, según han documentado grupos de derechos humanos, los detenidos se enfrentan a cargos penales por violar “cualquiera de los principios o valores familiares en la sociedad egipcia”, tal y como recoge un artículo de la ley de delitos informáticos de 2018, que no detalla qué entiende por principios y valores familiares de la sociedad egipcia. A partir de estos cargos iniciales, es frecuente que los acusados se expongan a un delito adicional de blanqueo de capitales por el hecho de considerar ilegal la actividad económica de origen.

En un primer momento, el blanco de estas detenciones fueron mujeres jóvenes, pero de todos los casos documentados por la EIPR en los últimos cinco años, el número de acusados entre hombres y mujeres fue casi idéntico, y la mayoría se concentraron en El Cairo y Alejandría. Los aspectos que suelen tener en común es que se trata de creadores de contenido de entornos de clase trabajadora que realizan publicaciones en redes sociales que no se ajustan a lo que el Estado y gran parte de la sociedad egipcia consideran a priori correcto y aceptable.

“Al principio se limitaba a que las mujeres fueran más conservadoras en su manera de vestir y de comportarse ante la cámara”, apunta Darwish. “[Pero] ahora también se trata de cómo hablan, la forma en que expresan la feminidad o la masculinidad, quién puede bailar, qué tipo de bailes están permitidos, incluso el tipo de voz que se utiliza”, agrega la investigadora.

Petición a controlar la moral

Cuando empezaron a producirse este tipo de detenciones en 2020, además, la Fiscalía animó explícitamente a los ciudadanos a vigilar la moral pública y a denunciar contenidos que crean inaceptables. Grupos como la EIPR señalan que esta petición ha contribuido a que un número cada vez mayor de abogados se dedique a presentar denuncias contra creadores de contenido, sin temor a ser acusados de difamación, y que lo aprovechen para promocionar sus bufetes.

Para Darwish, la campaña de arrestos y enjuiciamientos también busca controlar una nueva vía de ascensión social en un momento en el que las formas tradicionales, como la educación y el empleo, ya no ofrecen en gran medida ningún tipo de movilidad. La defensa de la familia, señala la investigadora, se produce asimismo después de una década de políticas liberales del Gobierno egipcio y de un rápido repliegue del Estado en su intervención social y económica.

“El Estado está retirándose de las responsabilidades sociales que tenía en materia de salud, alimentación, educación” desliza Darwish, y el derecho a organizarse y de asociación, aunque recogidos en la Constitución “está restringido, por lo que no hay más instituciones sociales que la familia”. “La familia se convierte en el único espacio donde se puede obtener una red de seguridad”, apunta la investigadora. “Sin ella, las personas quedan abandonadas a su suerte”, concluye.