Un coche bomba estalló el 6 de diciembre de 2025 frente a la sede de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, causando la muerte de al menos cinco personas y dejando cinco heridos, incluidos niños. El artefacto explosivo, activado de forma remota, ha sido el centro de atención de la fiscalía estatal, liderada por Carlos Torres, quien señaló que las autoridades ya están trabajando en la identificación de los responsables.
Este ataque coincide con la reciente implementación de un nuevo plan de pacificación en Michoacán, lanzado tras el violento asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a principios de noviembre. Torres sugirió que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría estar detrás del atentado, dada la creciente tensión en la región. “La fricción en el área sugiere que pudo ser un grupo de Jalisco contra la policía comunitaria de Coahuayana”, afirmó.
La presencia del CJNG en esta localidad no es un secreto. La región, con más de 7,000 hectáreas dedicadas principalmente a la producción de plátanos, ha sido un terreno fértil para la incursión de grupos criminales. Históricamente, ha estado bajo el control de los Caballeros Templarios y, en los últimos años, del CJNG, motivados no solo por las actividades agrícolas, sino también por su proximidad a la mina de Aquila en Colima.
La explosión tuvo lugar poco antes del mediodía en la avenida Rayón, en el centro de Coahuayana. La detonación no solo acabó con vidas, sino que también causó daños significativos a un centro médico, viviendas, vehículos y comercios cercanos. Torres indicó que el conductor de la camioneta cargada con explosivos fue uno de los fallecidos, junto a otras dos personas que se encontraban en estado crítico.
El asesinato de Carlos Manzo dejó al descubierto el impacto del crimen organizado en Michoacán, provocando descontento entre los ciudadanos que demandan mayor intervención gubernamental para restaurar la seguridad. Este clamor por atención se ha propagado a nivel nacional. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado un nuevo plan de pacificación, y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reiterado que la administración federal prioriza combatir la violencia en el estado.
La complicada situación en Michoacán sigue siendo un desafío significativo, no solo para los residentes locales, sino también para el gobierno federal, que se enfrenta a un escenario de creciente inseguridad y crimen organizado en la región. La reciente ola de violencia subraya la urgencia de estrategias efectivas para restaurar la paz y la estabilidad en este territorio marcado por la adversidad.
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