La reciente aprobación de la Ley de Amparo por parte del Congreso ha desatado un torrente de críticas desde diversos sectores, lo que ha llevado al gobierno a defender su postura con vehemencia. En una rueda de prensa matutina, Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia, y la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionaron en contra de lo que calificaron como una “campaña de desinformación” impulsada por intereses particulares.
Las críticas más visibles provienen de los exmagistrados Edgar Bonilla y Juan Pablo Gómez Fierro, quienes argumentan que la ley mantiene un carácter retroactivo. Zaldívar, en respuesta, cuestionó su integridad, afirmando que los denunciantes “no son ignorantes del amparo y mienten deliberadamente”, sugiriendo que sus afirmaciones están motivadas por vínculos con deudores fiscales notables o por su alineación con el antiguo sistema político que él asocia con el PRIAN.
En apoyo a la nueva legislación, Sheinbaum defendió la iniciativa contra los temores expresados por Fitch Ratings, que afirmaba que la ley podría desincentivar la inversión. En un tono directo, la presidenta declaró que esta evaluación estaba equivocada y propuso una reunión con Fitch y el secretario de Hacienda para aclarar que la ley, en realidad, fortalecería el marco de justicia y fomentaría un ambiente más favorable para las inversiones.
“La reforma no va en contra de la inversión; al contrario, hará más eficiente la administración de justicia”, aseguró Sheinbaum. Subrayó también que, con los cambios, el acceso a la justicia se verá facilitado, al tiempo que se eliminará la posibilidad de una suspensión provisional para deudores alimentarios y fiscales, exceptuando aquellas situaciones decididas por la Corte.
Zaldívar también enfatizó que la ley no debe ser convertida en un instrumento que beneficie a criminales, insistiendo en que no se contempla la retroactividad en la medida recientemente aprobada. Esta legislación, ahora en manos del Ejecutivo para su publicación oficial, promete transformar cómo se administran los juicios de amparo en México.
Con un contexto tan delicado y polarizado, el debate que rodea esta ley parece indicar que los próximos días serán cruciales. A medida que las voces continúan levantándose, se espera que el diálogo sobre la Ley de Amparo y sus implicaciones para el sistema judicial y económico del país se intensifique.
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