https://informacion.center.com/
“Alburqueque Robles Juan Gabriel, Ochoa Zuquilanda Luis Alfonso, Soto Hinostroza Luis Jordy, Sánchez Álava Víctor Manuel…”, gritaba un policía frente al portón del centro penitenciario de Machala, una ciudad costera del sur de Ecuador que se convirtió en un cementerio. Cada nombre era el de uno de los 27 presos asesinados la tarde del domingo 9 de noviembre, en una nueva masacre carcelaria. “Gómez Romero Abel Eduardo…”, continuó leyendo el agente, hasta que el grito desgarrador de una mujer lo interrumpió.
“¡Déjeme escuchar!”, exigía entre el tumulto que voceaba los nombres de sus familiares. El policía leyó 27 nombres que corresponden a los reclusos asesinados en la cárcel, que se sumaban a los cinco muertos horas antes, la madrugada del mismo domingo, en un enfrentamiento a tiros entre presos, que también dejó una treintena de heridos.
La muerte de los 27 está rodeada de muchas incógnitas y del silencio gubernamental. No hubo motín, ni señales de violencia en los cuerpos. “Entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”, se limitó a informar, en un confuso boletín, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, la entidad encargada de las cárceles. Los presos fueron hallados colgados en las celdas de mínima, mediana y máxima seguridad, alrededor de las seis de la tarde.
El ministro del Interior atribuyó la matanza a las bandas criminales Los Lobos y Sao Box, por un supuesto intento de retomar el control del penal. Hasta agosto pasado, el centro penitenciario había estado bajo la custodia de militares durante 19 meses. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto de conflicto armado interno, que entregó a las Fuerzas Armadas la administración del sistema carcelario. Según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, solo en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil han muerto 395 personas privadas de libertad entre enero y agosto de 2025. Es el 81% del total de víctimas de las 15 masacres carcelarias ocurridas entre 2021 y 2024.
Mientras la noticia estremecía al país, el Gobierno comenzó el traslado de reclusos hacia el nuevo complejo penitenciario construido en la provincia de Santa Elena, bautizado oficialmente como la cárcel del Encuentro. Los traslados se han producido por vía aérea y bajo reserva.
La cárcel fue concebida por Noboa en el marco de su proyecto de construir una al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que Nayib Bukele levantó en El Salvador y tras desistir de su propuesta de campaña de tener cárceles flotantes en el Pacífico. El centro penitenciario tiene cinco pabellones con capacidad para albergar a 800 personas. El Servicio de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad, SNAI, declaró como reservada toda la información de la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad. El proceso de adjudicación ni siquiera pasó por la competencia de varias empresas para pugnar por construir el proyecto.
El Gobierno tampoco ha confirmado si la cárcel está completamente terminada ni cuándo comenzará a operar plenamente. Todo ocurre a pocos días de que los ecuatorianos vuelvan a las urnas, el domingo 16 de noviembre, para votar en la consulta popular y referendo convocado por Noboa, una cita que el mandatario busca eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras y tener una Asamblea Constituyente para escribir una nueva Constitución.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
