El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) exigió a los diputados federales no aprobar la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que representa un duro golpe al Estado de Derecho y amenaza las inversiones presentes y futuras, no sólo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de México.
“En caso de aprobarse, esta iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al atentar contra el Estado de derecho”, señaló el Imco en posicionamiento público.
El instituto que dirige Valeria Moy señaló que los cambios a dicha legislación pretenden dar un amplio margen de discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para otorgar y revocar permisos a empresas del sector privado que participen en la producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, expendio, e importación y exportación de hidrocarburos.
El Imco añadió que la reforma del Presidente amenaza con expropiar las instalaciones de las empresas permisionarias en materia de hidrocarburos para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que de manera discrecional la Sener y la CRE podrán suspender actividades de aquellas empresas que, a su juicio, representen un riesgo.
La reforma enviada el viernes pasado a la Cámara de Diputados establece que estas dependencias del gobierno federal podrán suspender los permisos que han emitido para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, por ejemplo, las gasolineras, cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”.
“En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos por alguna de las causales señaladas anteriormente y contratar a empresas productivas del Estado para que estas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que ampara el permiso suspendido; lo que, en los hechos, representaría un acto de expropiación directa”, alertó.
Entre las principales afectaciones que observa el Imco, destaca la incertidumbre generada a las empresas que operan en estos segmentos ante la falta de certeza jurídica y en las autoridades regulatorias, así como por la amenaza de que el acceso a insumos básicos como gasolinas, diésel, gas natural, entre otros, se vería interrumpido al trasladar la producción procesamiento transporte almacenamiento importación y exportación a empresas como Pemex, “cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas”.
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“Con el propósito de que Pemex mantenga su papel preponderante en el sector de hidrocarburos, esta propuesta de reforma busca desplazar al sector privado que participa en dichas actividades al correr el riesgo de la expropiación de sus instalaciones bajo criterios poco transparentes como la seguridad nacional, seguridad energética y afectaciones a la economía nacional”, señaló el Imco.
Por último, el centro de investigación apuntó que la iniciativa pone en riesgo a la certidumbre jurídica en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue suspendida a los dos días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que hoy enfrenta un proceso judicial para darle marcha atrás.
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