Denunciado el presidente de Bolivia por “abandono de mujer embarazada”

El presidente de Bolivia, Luis Arce, enfrenta un proceso judicial por omisión de asistencia familiar y abandono de mujer embarazada. La denunciante es la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) Brenda Lafuente, de 32 años, quien asegura que el mandatario niega al bebé que nació en diciembre del año pasado como fruto de una relación sentimental. El mandatario se presentó el jueves a declarar ante la Fiscalía de Cochabamba, ciudad donde se interpuso la denuncia y residencia de su supuesta expareja. Allí se determinó que podrá defenderse en libertad “por la cantidad de años [menos de tres] que podría sufrir en prisión”.

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, aseguró que el caso se encuentra en reserva desde que fue denunciado a finales de agosto, por solicitud de la demandante. Pero es ella misma quien pide ahora que se levante la confidencialidad. Lafuente, en una extensa entrevista con una radio nacional, argumentó que la “información fue filtrada por funcionarios del Ministerio Público” y quiere dar a conocer su versión. Abogada de profesión, relató que conoció a Arce cuando era asesora legal del ministerio de Justicia en La Paz, pero que iniciaron su relación recién en 2023, cuando ya había dejado la dirección de la AJAM.

Lafuente se embarazó en abril de 2024 y se lo comunicó al presidente “al día siguiente”. Sin embargo, aseguró que Arce cuestionó ser el padre y evitó cualquier contacto posterior con ella. “Nos dejó en un abandono absoluto durante el embarazo. Fueron ocho meses de gestación porque mi hijo nació prematuramente. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de apoyo moral ni económico”. El mandatario, por su parte, fue escueto al ser abordado por la prensa y se limitó a decir que se defenderá “con toda la normativa legal que corresponde y con abogados particulares, porque se trata de un tema personal”.

La prueba de ADN para confirmar la paternidad en el marco de las investigaciones debía realizarse esta semana, pero fue suspendida. Lafuente denunció que la convocatoria de la Fiscalía de Cochabamba era para los tres implicados, pero el jefe de Estado no estaba presente y se le tomaría el examen posteriormente en La Paz. “Me opuse a que se le tome una muestra a mi hijo si no estaba presente su padre. Como bien dijo él, es un delito ordinario, no se reconocen privilegios y debe someterse al proceso como un ciudadano común”. Las sospechas de influencias de poder en el proceso han llevado a que la defensa de la denunciante exija la presencia de un perito para garantizar que no exista manipulación en la prueba de ADN.

La exdirectora del AJAM sostuvo que enfrentarse al “hombre más poderoso del país” le está acarreando violencia social y económica. “En la última reunión que tuvimos en julio de 2024 le pedí que asumiera su responsabilidad como padre (…) Se valió de su cargo para decirme que mientras sea presidente nunca iba a tener trabajo en el Gobierno”, dijo.

Esta no es la primera vez que el presidente boliviano, casado y con tres hijos, se ve involucrado en escándalos relacionados con presuntas relaciones clandestinas. En octubre del año pasado, una mujer denunció ante la prensa que fue víctima de abuso sexual y hostigamiento para que abortara. “No soy la última ni la única víctima; somos seis víctimas a las que él ha callado con trabajo y ha abusado del poder”, dijo entonces. El caso perdió fuerza al adquirir un tinte político: fue fuertemente respaldado por diputados afines a Evo Morales, en plena confrontación entre el exmandatario cocalero y Arce.

Tampoco es la primera vez que el nombre de Lafuente aparece en los medios de comunicación. Tuvo que renunciar a su cargo como directora de la AJAM tras verse envuelta en una polémica por la designación y destitución arbitraria de al menos diez funcionarios de la institución. Dentro del actual proceso contra el presidente, exige una pensión mensual cercana a los 1.150 dólares. Está prevista la declaración de testigos en los próximos días.