La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado un ambicioso proyecto de reforma electoral con el objetivo de remodelar el sistema político en México. Esta iniciativa busca, por un lado, reducir el número de cargos políticos a nivel nacional y, por otro, disminuir los costos económicos generados por la política. Para ese fin, Sheinbaum anunció la creación de una comisión especial encabezada por Pablo Gómez Álvarez, un paso significativo en su Plan C, que también incluye reformas judiciales y la eliminación de organismos autárquicos.
Esta nueva comisión tiene un mandato esencial: elaborar un diagnóstico exhaustivo sobre el estado actual del modelo electoral y de partidos en informacion.center. Además, se encargará de diseñar una reforma legislativa que esté en sintonía con las exigencias contemporáneas, poniendo en el centro la democracia y la voz del pueblo. Hasta el momento, los detalles precisos de esta reforma permanecen en la penumbra, aunque la presidenta ha manifestado su oposición a los asientos plurinominales en múltiples ocasiones.
El presidente de la comisión, Pablo Gómez Álvarez, anteriormente a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene la responsabilidad de coordinarse no solo con el Poder Legislativo, sino también con académicos, expertos, organizaciones y la ciudadanía en general. En los próximos días, se anunciarán los demás integrantes de la comisión, quienes deberán colaborar de manera unificada para el cumplimiento de esta ambiciosa tarea.
Es importante resaltar que el proceso de reforma electoral enfrenta ciertas resistencias internas, destacando las preocupaciones expresadas por partidos como el Verde y el PT. Estos grupos advierten que la reducción de cargos y la reestructuración del esquema de financiamiento público podría limitar su funcionamiento, dado que los asientos plurinominales han sido cruciales para su crecimiento en la última década.
Esta reforma electoral representa un desafío significativo para la administración de Sheinbaum. La última de sus reformas, que incluía la prohibición de reelecciones y nepotismo, enfrentó oposición y no entrará en vigor hasta 2030, tras las reservas planteadas por aliados políticos de su partido, Morena.
Con toda esta complejidad y las tensiones internas en el panorama político, el camino hacia una reforma electoral efectiva estará repleto de obstáculos, pero también de posibilidades para reconfigurar la democracia en México y atender las exigencias del electorado actual.
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