La problemática en Estados Unidos con los menores sigue y podría aumentar y ser la mayor en los últimos 20 años. Los retenidos en el Río Grande Valley, en Texas, suman entre 4 mil y 5 mil. Y según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés, en febrero pasado se detuvieron a 9 mil 457 niños y adolescentes sin sus padres. En enero, fueron 5 mil 800.
Este número de menores migrantes detenidos, se visibiliza por su vulnerabilidad y porque para el gobierno del presidente Joe Biden es una prioridad la reunificación familiar de estos infantes separados de sus padres durante la administración Trump, considera el doctor José María Ramos.
➡️Llegada masiva de menores inmigrantes, otra prueba de fuego para Biden
El doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF), manifestó que para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la separación de los menores de sus padres “Sí es una verdadera crisis humanitaria”.
Y por ello, el gobierno de Biden no desea que se repita una problemática similar a la crisis de menores migrantes del 2014. Para esto, pretende una gestión migratoria más humanitaria, que funcione y sea segura, ordenada y humana.
Comentó que el secretario Mayorkas difiere de las críticas de los republicanos. Destaca que los menores no son expulsados del país, a diferencia de la administración Trump. Empero, admitió que la cifra de migrantes podría aumentar y ser la mayor “en los últimos 20 años”.
Manifestó que el problema de los menores migrantes polariza la política estadounidense y será parte del debate coyuntural y de las elecciones legislativas del 2022. “Por ello, el desafío del presidente Biden es cambiar el modelo de gestión migratorio por otro más inclusivo, humanitario y acorde al debido proceso y el Derecho Migratorio estadounidense”, comentó a informacion.center.
Estudioso de la relación bilateral y la problemática fronteriza y migratoria, el doctor Ramos, subrayó que la cantidad de menores en el suroeste de Texas es casi similar a los cerca de 3 mil migrantes irregulares que cada día, desde enero 2021, se expulsan desde Estados Unidos bajo el amparo del Título 42.
Este Decreto fue creado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), bajo la administración Trump, expulsa y deporta a México a todas las personas que “sean un riesgo alto de salud pública, durante la pandemia”.
Afirma el académico que este criterio no ha cambiado en el actual gobierno demócrata. El número de deportaciones, cerca de 100 mil por mes en los últimos 90 días, no se ha visibilizado “no obstante que también son seres humanos y que se margina la cooperación binacional e internacional sanitaria”.
En cambio, el número de solicitantes de asilo bajo el programa del Estatus de Protección Temporal, suma de entre 20 mil a 25 mil demandantes. “Los cuales en su mayoría no serían aceptados y por ende, expulsados a México o sus lugares de origen”.
Y considera que lo más probable es que los migrantes rechazados pretendan quedarse irregularmente en Estados Unidos; pero la mayoría serían deportados a sus lugares de origen.
Señala que a estos flujos se suma el caudal permanente de migrantes que pretenden ingresar irregularmente a la Unión Americana por la crisis de la pandemia del Covid-19 tanto en México como en Centroamérica, lo que aumentará la visibilidad de la agenda migratoria.
Apunta que los exhortos de las autoridades estadounidenses a que los migrantes no se trasladen a la frontera, son insuficientes. En su opinión “se requiere de una eficaz corresponsabilidad migratoria de los países involucrados”.
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Respecto al proyecto de Ley de Promesa y Sueño Americano 2021, comentó el doctor Ramos que busca ofrecer residencia permanente a más de 4.4 millones de beneficiarios del programa DACA (Dreamers). Ya pasaron la primera aduana en el Congreso la semana pasada. Se mandó al Senado.
Al igual que la discusión del Estatus de Protección Temporal (TPS). También está previsto la revisión del borrador de la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que propone otorgar un estatus legal a los inmigrantes que trabajan en el campo y reformar el Programa Federal de Trabajadores Agrícolas, conocido como H-2A.
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