El gobierno mexicano ha enfrentado un importante revés judicial en su intento por responsabilizar a los fabricantes de armas en Estados Unidos, tras la reciente decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este fallo bloqueó la demanda presentada contra reconocidas empresas como Smith & Wesson, las cuales fueron acusadas de contribuir a la violencia generada por los cárteles de la droga en México.
La demanda, que se había puesto en marcha bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, llevaba casi cuatro años en discusión. Sin embargo, la Corte dictaminó que el gobierno mexicano no logró probar su caso. De acuerdo con el fallo, los fabricantes demandados no incitaron ni facilitaron la venta ilegal de armas a los cárteles mexicanos, lo que constitiría una violación a la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de México sostiene que la producción y distribución de armas en Estados Unidos equilibra una situación que ayuda e incita al tráfico ilegal, dado que los fabricantes son conscientes de que algunas de sus armas cruzan la frontera para ser comercializadas ilegalmente. No obstante, los magistrados de la Corte señalaron que, aunque hay evidencia de que algunas de estas ventas se llevan a cabo, la demanda no cumple con los requisitos legales que establecen que los fabricantes deben estar activos en las transacciones ilegales para ser considerados responsables.
Además, aunque los jueces reconocieron que los fabricantes podrían aumentar sus esfuerzos por identificar a los distribuidores deshonestos y acabar con su suministro, consideraron que esta omisión incapaz de actuar se resume más en una “indiferencia” que en una acción deliberada de asistencia al tráfico de armas.
En respuesta a esta decisión, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instó a la población a ser pacientes, reafirmando que existe un segundo juicio, interpuesto a fines de 2022 contra distribuidores de armas en Arizona, el cual se encuentra en una fase separada de discusión. Los analistas advierten que la sentencia emitida en este caso podría establecer un importante precedente para la resolución del segundo juicio.
Esta situación sigue alimentando el debate sobre la responsabilidad de los fabricantes de armas y su implicación en la crisis de violencia que enfrenta México, un tema que sigue generando interés y preocupaciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Como se observa, el futuro de estas acciones legales contra las empresas de armamento está lejos de tener una conclusión clara, lo que mantiene alerta a diversos sectores de la sociedad.
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