El desafuero del alcalde morenista de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, avanza a pasos agigantados en el Congreso de Sinaloa, donde una abrumadora mayoría de 38 votos aprobó la solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía General del Estado. Este controversial proceso tiene como protagonistas, además de Vargas Landeros, al diputado Genaro García Castro, ambos señalados tras una investigación de la Auditoría Superior del Estado por la adjudicación directa de un contrato de arrendamiento de 126 patrullas a la empresa Grinleasing, por un total de 171 millones de pesos, hecho ocurrido en diciembre de 2021.
La investigación reveló pruebas suficientes que llevaron a la fiscalía a solicitar el juicio político, un proceso que resulta crucial ya que implicará la pérdida del fuero para los involucrados. La Comisión Instructora del Congreso es la encargada de analizar el caso antes de que sea llevado al Pleno para su votación final.
Durante la sesión secreta, no hubo oposición; esto plantea preguntas sobre posibles manejos políticos detrás de esta decisión. Informes no confirmados sugieren que el gobernador Rocha Moya habría interferido, contactando a Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, para asegurar apoyo entre los diputados tricolores para el juicio.
Este escándalo también resuena en el ámbito político, ya que consolida una estrategia para desmantelar a aquellos cercanos al exgobernador Mario López Valdés. Sin embargo, no todos los actores son igualmente beneficiados: Paola Gárate, diputada local y crítica del actual gobernador, se ha visto obligada a retirarse de la dirección del PRI en Sinaloa, lo que sugiere una reconfiguración de lealtades en la política estatal.
El camino hacia el desafuero apenas comienza, con el dictamen de la Comisión Instructora pendiente y la repercusión de las decisiones políticas aún en el aire. Vargas Landeros, por su parte, ha expresado su intención de defenderse judicialmente, confiando en que el procedimiento se realizará con objetividad y conforme a la ley.
Además, atendiendo a temas paralelos, el Consejo General del INE ha aprobado la creación de un sistema electrónico para la fiscalización de aspirantes a jueces y magistrados, lo que refleja un esfuerzo por mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, aunque ha enfrentado críticas y una mayoría opositora dentro del consejo.
Por otro lado, la iniciativa Agentes de Cambio, celebrando casi una década de labor, ha establecido una notable cultura de reciclaje en más de 300 escuelas, involucrando a docentes y familias en la recolección de más de 570,000 kilogramos de PET, lo que evidencia un compromiso creciente por la sustentabilidad en la comunidad.
Esta serie de eventos muestra una intensa dinámica política y social en Sinaloa, donde los efectos del desafuero y los esfuerzos de transparencia se entrelazan, generando un ambiente de expectativa en la población y en el ámbito político que podría tener repercusiones significativas en el futuro cercano.
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