Un tribunal colegiado en la Ciudad de México ratificó el amparo que un juez federal le concedió a Alonso N para que un funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) responda por qué realizó una declaración de manera ilegal a España, dentro del proceso de extradición.
El resolutivo se refiere a lo ocurrido en noviembre de 2019, cuando Miguel Ángel Ortega Sánchez, fiscal ejecutivo adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales de la FGR, declaró que el exdueño de Alto Hornos de México (AHMSA) era investigado por delitos de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
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Esto como apoyo a la petición formal de extradición que el gobierno de México presentó a España a través de la nota diplomática ESP01884/2019.
Fue así que el juez de control del Reclusorio Norte, quien ordenó su aprehensión por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pidió a la FGR informar si lo declarado por el fiscal a las autoridades españolas, proceden de la carpeta de investigación que dio origen al pedido de extradición.
Al no obtener respuesta del ministerio público, a quien además solicitó antecedentes de dicha investigación, Alonso N, quien el pasado 10 d febrero fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de Agro Nitrogenados, promovió un amparo, reclamando que las autoridades violaron sus derechos humanos de legalidad, seguridad y libertad, porque fueron omisas en manifestarse la calidad que ostenta, como imputado o investigado.
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Este lunes el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal consideraron inoperantes e infundados los argumentos presentados por la FGR, ratificando el fallo de Sandra Leticia Robledo Magaña, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en materia Penal, quien en octubre pasado le concedió la protección de la justicia federal al empresario mexicano.
En su demanda de garantías, la defensa de Alonso pidió se investigue las posibles conductas irregulares de Ortega Sánchez, y a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, entregar registros de la carpeta de investigación donde se le acusa de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades.
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El tribunal colegiado ordenó al fiscal ejecutivo, explicar por qué y con qué fundamento, difundió información secreta.
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