Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, el Tribunal Militar Territorial Primero será escenario este martes de la apertura del juicio oral contra el capitán del Ejército del Aire J. A. F. A. por los delitos de extralimitación en el ejercicio del mando y abuso de autoridad. La denunciante es la cabo Teresa Franco, que en la época en que se produjeron los hechos era secretaria de la Mujer de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y actualmente es concejala de Juventud, Igualdad y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia por el PSOE.
La denuncia se interpuso en 2014, pero el juez instructor archivó primero las diligencias y luego propuso el sobreseimiento definitivo y total de la causa. Ambas decisiones fueron revocadas por el tribunal militar, que ordenó continuar la instrucción hasta desembocar este martes en la celebración del juicio oral.
Según la denuncia, la cabo sufrió un “trato discriminatorio y vejatorio” por parte del capitán, que era su superior jerárquico en la Escuadrilla de Policía Militar de la base de Alcantarilla (Murcia). Entre otros episodios, la denunciante asegura que, cuando se quejó de que se le asignara una guardia de soldado, un empleo inferior al suyo, el oficial le respondió: “Es lo que hay hija mía y, si te pones chula, te meto una patá en la seta”. Posteriormente, añade, su superior la obligó a participar en un ejercicio de tiro, pese a encontrarse embarazada; y, cuando ella le advirtió de su estado, le respondió “en tono de sorna que se lo recordase si se le olvidaba”. El embarazo se acabó malogrando por muerte fetal, pero solo se le concedieron dos días de baja médica frente a los tres que pidió, asegura. A partir de entonces, a pesar de que tras 13 años en el Ejército tenía un expediente intachable, se le impusieron una sucesión de arrestos.
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La última sanción, que dio lugar a la apertura de un expediente por falta grave, fue por pedir cambio de destino sin haberlo comunicado al capitán, de cuyo presunto acuso quería precisamente escapar. En otra ocasión se la acusó de haber dejado en una garita un folleto de la AUME sobre una jornada informativa, cuando en la unidad no existía el preceptivo tablón de anuncios para exponerlo. Un subteniente que mandó un email a la unidad solicitando que se diera difusión al acto de la asociación de militares, al no poder hacerlo la cabo, fue arrestado, lo que hizo que esta última cayera en una depresión.
La hoy concejal solicita una pena de cinco años de cárcel para el capitán y una indemnización de 30.000 euros, mientras que la defensa del mando militar reclama su absolución o, en su defecto, la atenuante de dilaciones indebidas. También el fiscal militar pide la absolución, por considerar que los hechos no son constitutivos de delito, aunque da por probado que el oficial espetó a su subordinada: “Me va a decir una cabo de mierda que no quiere hacer funciones de soldado, pues quién se ha creído que es”.
Durante la instrucción, se ordenó un estudio psicológico de la víctima, no del presunto agresor, por parte de un comandante del departamento de Salud Mental del hospital militar Gómez Ulla de Madrid. En este estudio se han basado la defensa del capitán y el fiscal para pedir su absolución, alegando que, aunque la denunciante tiene “un perfil de personalidad equilibrado y estable, sin rasgos psicopatológicos […], fácilmente puede sentirse tratada de manera poco equitativa, con sensación de que quieren socavar sus intereses. Por este motivo las relaciones laborales pueden ser muy complejas.” La función de la cabo Franco, como dirigente de la asociación profesional de militares, era precisamente la de velar porque las mujeres de las Fuerzas Armadas fueran tratadas de manera equitativa respecto a los varones.
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