Dos meses y medio antes de que Alonso Ancira Elizondo vendiera a Petróleos Mexicanos (Pemex) la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, el gobierno de Enrique Peña Nieto le renovó su concesión para explotar y operar el muelle donde se localiza el inmueble.
Dicha cesión de derechos formó parte de los activos que semanas más tarde el empresario acerero entregó a Pemex como parte de la operación de compraventa de la planta. En otras palabras, el Gobierno federal le compró a Ancira una concesión que le había otorgado semanas atrás, revela el contrato firmado entre Pemex y las filiales de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) el 20 de diciembre de 2013.
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De acuerdo con el documento, Agro Nitrogenados S.A. de C.V., filial de AHMSA, contaba con una concesión otorgada el 15 de octubre de 1993 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) “para la operación y explotación de una terminal portuaria especializada de carga en la Laguna de Pajaritos (en Coatzacoalcos, Veracruz) por una superficie total de 133 mil 500 metros cuadrados de zona federal con un frente de agua de 440 metros cuadrados, integrada por 23 mil 500.54 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre y 110 mil metros cuadrados de zona marítima”.
Veinte años después de esa primera concesión otorgada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Agro Nitrogenados recibió un nuevo contrato de cesión parcial de derechos por parte de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (APIC), dependiente de la SCT. Éste le permitía a la empresa de Alonso Ancira “operar y explotar el muelle por 110 mil metros cuadrados de zona marítima y 15 mil 692.94 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre”.
Pero semanas más tarde el empresario vendió a Pemex la planta de fertilizantes, incluyendo todos sus contratos de operación, patentes, marcas, permisos y autorizaciones vinculados con ésta, entre ellos, los de infraestructura, puertos y la concesión del muelle.
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Por esta operación el exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, enfrenta hoy un proceso penal desde prisión, en tanto que Alonso Ancira se vio obligado a pagar 216 millones de dólares como parte de un acuerdo reparatorio con la actual administración a cambio de recuperar su libertad y frenar el procedimiento penal en su contra por lavado de dinero
El contrato no fue firmado por Emilio Lozoya, sino por José Manuel Carrera Panizzo en su calidad de apoderado legal de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., filial de la petrolera estatal.
La Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó por 10 años a Carrera Panizzo y le impuso una sanción resarcitoria de cuatro mil 206 millones de pesos por su responsabilidad directa en la adquisición de la planta a sobreprecio.
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