Gabriel Boric y el contrato social en Chile

La definición ideológica que más se repite respecto del gobierno de Boric es: socialdemócrata. Lo dijimos en la campaña en la segunda vuelta. Lo repitió la designada ministra de la presidencia Camila Vallejo, del Partido Comunista, y el designado ministro de Economía, Nicolás Grau.

Esta definición, sin embargo, se presta para variadas interpretaciones. Cuando Aylwin asumió, Fukuyama publicaba El fin de la Historia y John Williamson enunciaba el “consenso de Washington”. El muro de Berlín había caído y la URSS iba a desmoronarse dentro de poco. Los experimentos heterodoxos en Argentina y Brasil, que habían influenciado a la oposición chilena, terminaron todos mal: inflación, recesión y, en el caso del presidente Raúl Alfonsín, su renuncia anticipada. Había poco margen en los años 1990 para hacer lo que finalmente hizo el presidente Aylwin.

Hoy el cuestionamiento al neoliberalismo es general, pero la confusión respecto de sus contenidos es total, no hay alternativas estructuradas, más bien eslogans.

Para algunos, neoliberalismo es simplemente cualquier estructura capitalista. Ellos pretenden que Boric supere el neoliberalismo estatizando, suprimiendo la competencia, cerrando mercados. Se asocia con la crítica marxista a la propiedad.

Todo indica que Boric está lejos de esta interpretación. En sus tres campañas en 2021, Boric crecientemente se dio cuenta que era imposible ganar y gobernar si no reconocía una ambivalencia, cuya gestión forja una socialdemocracia compleja y moderna. De un lado están todos los problemas que él ha denunciado siempre. Del otro lado, en los últimos 30 años hay una mayoría de chilenos que ha vivido progresos que no quiere poner en riesgo.

¿Cómo compatibilizar el que un país pueda progresar en lo económico y sin embargo acumule tantos problemas como para que termine con un estallido social como el que vivió Chile? Debe ser que (a) son problemas “muy fundamentales” y (b) fueron postergados muchos años.

Lo más importante es la postergación: el sistema político de la Constitución de 1980 era extremadamente rígido y no permitió acomodar demandas que sus autores no previeron cuando la escribieron en un contexto dictatorial y de Guerra Fría. La reforma de 2005 del presidente Lagos pudo solo morigerarla, pero no cambiar su naturaleza

Respecto de los “problemas muy fundamentales”. Los conceptos de fondo son segregación y desigualdad, enfermedades graves para el desarrollo y la convivencia. Las implicancias de la segregación son más importantes.

La segregación tiene origen en instituciones sociales, políticas o culturales extractivas, en lenguaje de Acemoglu y Robinson, que no permiten que marginalizados por raza, género, estrato o localización geográfica exploten sus potencialidades. Son un riesgo para la convivencia porque esta depende de la paciencia de los que la soportan.

En las democracias modernas es raro que haya iniciativas formales cuyo objetivo sea segregar. Sin embargo, hay políticas públicas que producen un efecto que se puede confundir con segregación: las que segmentan la población otorgando beneficios diferenciados según ingreso. ¿Cómo? Cuando los ingresos están correlacionados con raza, género, estrato social y localización geográfica, como en Chile. Así, tales políticas pueden ser percibidas como segregacionistas, aunque no lo pretendan.

Esto ha ocurrido en Chile con más intensidad que en otras latitudes, porque ha usado masivamente la lógica de mercado para asignar recursos en áreas críticas para la vida: educación, salud, pensiones, vivienda. Creo que es por aquí que Boric entiende neoliberalismo: una forma de distribución de derechos sociales que niega su naturaleza producto de la segmentación según capacidad de pago.

Esta crítica da origen a una socialdemocracia que no proviene de una crítica a la propiedad privada o al capital, sino al predominio indiscriminado de la racionalidad económica. No es una amenaza para la empresa privada como concepto, sino una limitación y regulación de su ámbito de acción.

Es una socialdemocracia que, como veíamos, en lo social pretende otra distribución de derechos sociales, que busca la universalización de beneficios y que para ello elimina la lógica del mercado allí donde el individuo es vulnerable.

La crítica a la racionalidad tiene otras extensiones. Chile basa su crecimiento en la explotación de recursos naturales. Hay un escepticismo respecto de la capacidad autorregulatoria de los mercados en términos medioambientales. Esta socialdemocracia buscará seguramente establecer mecanismos más rigurosos y participativos de cuidado al medio ambiente y consideración de los intereses de las comunidades afectadas.

Otra es el desarrollo productivo o industrial. Esta socialdemocracia cree que la empresa privada puede jugar un rol importante en el desarrollo productivo, solo que no logra superar adecuadamente fallas de coordinación, lo que requiere un rol activo del Estado. Algunos van lejos en este rol y otros son más cautos, pero se habla más bien de promoción e inclusión – y no sustitución y desplazamiento – del sector privado.

Finalmente, Boric asumirá y al poco andar la Convención propondrá la nueva Constitución. No se ve fácil. La Convención nació más cerca del estallido social que el gobierno y por lo tanto refleja más las rabias y frustraciones que llevaron a él. A diferencia de otras convenciones, en la chilena prevalece la atomización de los grupos que la componen. Esto hace improbable que sea instrumentalizada, como en Venezuela, para servir al poder, pero también dificulta la búsqueda de acuerdos. Hoy prevalecen las proclamas ideológicas maximalistas, identitarias, unilaterales, inconsistentes. La credibilidad de la Convención se ha debilitado seriamente. Esto es un problema mayor puesto que, hay que recordarlo, un 80% de los chilenos votó por el Apruebo a la nueva Constitución.