Tomás Martín Morales cuenta que corría el año 2000 cuando recibió una llamada importante. Al otro lado del teléfono sonó la voz de Arturo González Panero, El Albondiguilla, un dirigente local del PP de Madrid que acababa de asumir la alcaldía del rico municipio de Boadilla del Monte tras una esperpéntica moción de censura. El político se había hecho con el poder al aliarse con cuatro ediles de su partido y otros cuatro independientes para arrebatar el bastón de mando a un compañero del propio PP. “[Arturo] me propuso ser gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV)”, detalla Martín Morales, quien ya mantenía entonces una estrecha relación con Francisco Correa, líder de la trama Gürtel: “Y acepté”, remacha en un escrito de confesión enviado hace unos días a la Audiencia Nacional.
—En aquel entonces, yo regentaba varias pequeñas empresas familiares en Getafe: salones de bodas, una tienda de telefonía, un taller de sonido y alarmas para coches y un disco bar —añade Martín Morales, que también ejercía como abogado en Getafe y a quien se le empezaría a conocer bajo el alias de Santo, según explicó Alfonso Bosch Tejedor, un exdiputado popular.
Francisco Correa lo había elegido como un hombre clave para adentrarse en Boadilla, donde contaría con el beneplácito del Albondiguilla: “Hablé con González Panero para que en el nuevo organigrama del Ayuntamiento buscara un hueco [para Martín Morales] como cargo de confianza”, admite el empresario en una carta. Este es un ejemplo de cómo la organización corrupta anidó en el seno de la institución, desde donde manipuló contratos públicos, amañó adjudicaciones para beneficiar a determinados constructores y se repartió millonarias mordidas. Toda una conspiración que la Audiencia Nacional comenzará a destripar a partir de este martes, cuando comienza este nuevo juicio sobre Gürtel. Una vista oral que sienta al PP de nuevo en el banquillo, acusado como partícipe a título lucrativo y condenado ya en dos ocasiones anteriores por beneficiarse del entramado.
El árbol de la Gürtel. Gürtel constituye una compleja madeja que los investigadores han ido desenredando progresivamente. Una especie de árbol que tiene como tronco principal a la organización corrupta y del que brotan diferentes ramas. En total, los tribunales han dictado ya resoluciones condenatorias por ocho de ellas, con 69 personas penadas con cárcel: entre otros asuntos, por el desvío de fondos públicos durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006; la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana durante las campañas electorales de 2007 y 2008; el pago con dinero negro de la reforma de la sede de la calle Génova; o el caso conocido como Época I, donde se analizó la primera etapa de la trama y se sentenció en 2018 por primera vez al partido.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones populares buscan ahora sumar un noveno fallo condenatario —que supondría el tercero para el PP— con esta vista sobre Boadilla.
La trama de Boadilla. En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado José de la Mata definió la trama como un grupo que tenía como objetivo principal “enriquecerse” de forma “ilícita” y “sistemática” con cargo a los fondos públicos”, mediante la adjudicación de contratos a las empresas del propio Correa y otras compañías a las que cobraban una comisión por la intermediación. “Para ello, crearon entramados societarios para conseguir contratos, emitir facturas falsas y ocultar los fondos obtenidos; y sobornaron a autoridades y funcionarios, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación”, apostilla el juez.
En Boadilla, la red se adentró en las instituciones con el respaldo de los dirigentes del PP —a los que agasajaron con miles de euros en efectivo y regalos en forma de ropa o viajes— y amañaron adjudicaciones que recayeron, entre otras, en Sufi (que formaba parte del grupo Sacyr); Teconsa; o Constructora Hispánica, encabezada por Alfonso García-Pozuelo, que ya confesó en Época I que pagó mordidas para que los Gobiernos del PP le dieran proyectos. Según han admitido varios implicados, manipularon todo tipo de concesiones: desde “contratos menores” (como la organización de un “concierto clausura del ciclo homenaje a Luigi Boccherini”); al servicio público de información y atención al ciudadano; o las obras de una piscina municipal, un colegio, rotondas, decenas de viviendas, trasteros y garajes…
El papel del PP. Los componentes de la trama se repartían el dinero de las mordidas, pero también usaban supuestamente una parte para financiar actos organizados “por y para el PP”, según el juez. El magistrado calculó que el partido obtuvo un “beneficio indebido” de más de 200.000 euros, que se utilizaron para pagar encuestas, vídeos, banderolas, buzoneo y actos de presentación de candidatos a las elecciones. También se usó presuntamente para costear, entre otras cosas, la inauguración de la sede del PP en Boadilla; un desayuno en un exclusivo hotel; o un acto de Esperanza Aguirre para los comicios autonómicos.
“Esto se hacía según las indicaciones e instrucciones recibidas por parte de la dirección regional y nacional del PP”, detalló González Panero. Martín Morales mantiene lo mismo: “Correa me contactó para que la EMVS le facilitara contratos a empresas que, según decía, ayudaban al PP y le eran recomendadas por la dirección nacional del partido […] Me señaló que había recibido instrucciones de la cúpula del partido, a través de Pío García-Escudero (entonces presidente del PP de Madrid), para que le adjudicasen obras a Constructora Hispánica en reconocimiento a la financiación de campañas que esta empresa les procuraba”, destaca El Santo: “Parte del dinero era para el partido”.
Los acusados. De la Mata envió al banquillo a 27 personas, pero no todos se sentarán finalmente en él. Uno de los acusados ha muerto antes del juicio y otro ha sido declarado incapaz, según fuentes jurídicas. Del resto, una docena ha enviado escritos de confesión a la Audiencia Nacional para reconocer los hechos, lo que complica la defensa del PP. Cinco lo han hecho en las dos últimas semanas. Entre los arrepentidos se encuentran los ya mencionados Correa; González Panero; Martín Morales; Bosch y García-Pozuelo. También Pablo Crespo, número dos de la trama y exsecretario de Organización de los populares gallegos; los constructores José Luis Martínez Parra y José Luis Ulibarri; el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno de Aznar); y José Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama.
Las penas. Con estas confesiones, los procesados tratan de reducir las elevadas penas solicitadas por las acusaciones y mostrar una “colaboración” con la justicia —de última hora y cuando se acumulan los indicios contra ellos— que les abre la puerta a futuros beneficios. Por ejemplo, en su escrito de acusación provisional, la Fiscalía pidió más de 76 años de cárcel para Correa, que ya acumula otras condenas por más de 92 años de prisión; más de 64 años para Crespo, sentenciado a más de 73 años en otras derivadas de Gürtel; más de 40 años para El Albondiguilla; y más de 23 años para el exdiputado Bosch.
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