La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para otorgar la pertenencia del territorio de los Chiamalapas al estado de Oaxaca, parece dar por fin, la certeza jurídica que desde hace décadas han propugnado por tener sus dueños originales: los indígenas zoques, descendientes de los mokaya (hombres del maíz).
El territorio que popularmente se ha considerado chiapaneco en las últimas décadas del siglo pasado y el actual, en realidad fue comprado por sus dueños originales a la corona española en 1687, logrando así su reconocimiento jurídico, en 1850 obtienen el reconocimiento de sus Títulos Virreinales por parte del gobierno del México independiente, de manos del presidente liberal Miguel Herrera.
La región de los Chimalapas reviste una gran importancia por su biodiversidad al formar parte de la Selva Zoque, con casi un millón de hectáreas de bosques y selvas, en el confluyen las etnias zoque, tzotziles, mixes zapotecos, mixtecos y mestizos.
En Oaxaca recibe el nombre de Chimalapas, colinda con la reserva de El Ocote en Chiapas e incluso, comparten con Veracruz en el Uxpanapa.
Debido a su importancia para la ecología del planeta y la economía mundial es una de las más importantes de México, sin embargo, la región que comparten Chiapas y Oaxaca, debido a su riqueza forestal, en 1950 el gobierno de Chiapas otorga cinco concesiones madereras a sendas empresas que, invaden y se apoderan de 100 mil hectáreas comunales de bosques templados y de niebla. Para ello se designa al espacio concesionado como terrenos nacionales ubicados en el municipio de Cintalapa, Estado de Chiapas, y donde llegan a operar ilegítima pero legalmente, 25 aserraderos.
Para legitimar el despojo, el gobierno de Chiapas otorga en el lugar, espacios a pobladores desplazados de zonas indígenas con conflictos interreligiosos, la mayoría tzotziles de los altos de Chiapas.
Esta situación provoca un conflicto que en 1967 se “soluciona” con la publicación de las resoluciones presidenciales de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, sin embargo, es en 2011 con la creación del municipio chiapaneco denominado Belisario Domínguez, cuando se genera una nueva movilización de los ancestrales dueños de la región que interponen dos amparos en materia agraria, de parte de Santa María y San Miguel Chimalapa, siendo admitidos por la SCJN el 20 de diciembre de 2012.
En Chiapas, para la defensa de ese territorio, en la anterior legislatura se conformó en el 2018 la “Comisión especial para atender el caso Chimalapas”, misma que al término de la anterior legislatura recibía el nombre de “Comisión Especial de Coadyuvancia con la Comisión Interinstitucional para el Caso Chimalapas” cuyos integrantes al conocer el resultado de la SCJN a favor del estado de Oaxaca se han negado sistemáticamente a dar declaración alguna aduciendo que no están más en el cargo.
La zona territorial de los Chimalapas, por su gran biodiversidad, ha sido incluída en la categoría de “sobresalientes a nivel birregional”, título otorgado por el Banco Mundial, mientras que está considerada entre una de 200 eco-regiones prioritarias para la conservación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Unión Internacional para la Conservación (UICN) la considera un centro de la Diversidad de Plantas.
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