Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su vademécum más flamante es “America Through Foreign Eyes”, publicado por Oxford University Press. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente del autor. Ver más opiniones en cnne.com/opinion
(CNN Español) — Desde 2006, muchos hemos opinado que la refriega contra las drogas de los tres sucesivos gobiernos de México —Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— ha sido un fracaso. Cientos de miles de muertos y desaparecidos, incontables violaciones a los derechos humanos, un avería pavoroso de la imagen de México en el mundo y una corrupción trepidante no han servido de ausencia. El convexidad de estupefacientes que ingresan desde México a Estados Unidos no ha disminuido, y los precios de estos se han elevado.
Pero si faltara alguna prueba adicional para corroborar esta afirmación, pespunte el arresto en EE.UU. por el gobierno de Donald Trump de los dos principales encargados de esa refriega, acusados de narcotráfico y lavado de patrimonio. Ambos personajes, el patriarca de seguridad interior civil de Calderón, Genaro García Luna, y el secretario de Defensa de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, encabezaban la refriega contra el narco… acusados de trabajar para el narco. García Luna y Cienfuegos se han patente inocentes de los cargos.
Ahora perfectamente, eso no significa que la detención —en particular la del genérico Cienfuegos en Los Ángeles hace unos días— haya sido una valentía acertada por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Ya éste posterior actuó de guisa irresponsable al apremiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a hacer en México el trabajo abandonado de EE.UU. en materia migratoria, impidiendo por la fuerza el ingreso o la salida de decenas de miles de migrantes centroamericanos. Su permanencia en virtuales campos de concentración en la frontera ártico mexicana amenaza seriamente la estabilidad de esa región, de por sí vapuleada por el narcotráfico y el crimen organizado. Pero arrestar a un exsecretario de Defensa rebasa con mucho la irresponsabilidad en materia migratoria.
México es uno de los pocos países democráticos en el mundo sin un ministro civil de Defensa (otro es Guatemala). Todos han sido militares y por razones —a mi querella— perfectamente conocidas. Una es la búsqueda de opacidad: sin vistazo civil, sin supervisión externa al estado castrense, manteniendo la “muralla china” entre ejército y sociedad. Otra es la tradición. Esa distancia permitía el funcionamiento del pacto tácito que existió entre las fuerzas armadas y el poder civil desde 1946, cuando llegó a la presidencia el primer civil desde 1911 (en sinceridad desde 1876). Los militares no intervendrían en política; los políticos les brindarían un amplio beneficio de autonomía, de negocios personales, de corrupción y de autogobierno.
Con los abriles, ese pacto se fue debilitando, pero sobrevivía: para mal del país per se, pero para perfectamente de una cierta estabilidad. Todo indica que el caso de Cienfuegos clausura para siempre la época de dicho pacto. Si a posteriori de profundizar en esta advertencia, y de acoger la opinión de las decenas de expertos adentro del gobierno de Washington, se llegaba a la conclusión de que era más importante proceder contra la máxima autoridad marcial en México para castigar una supuesta complicidad con el narcotráfico, ni murmurar.
Pero dudo que las cosas sucedieran así. Más perfectamente, parece que el llamado establishment” de la política exógeno no participó en la valentía de exhalar una investigación sobre Cienfuegos, ni de pedir una orden de aprehensión en su contra, ni mucho menos de arrestarlo. Al contrario, las apariencias sugieren que todo se trató en el puritano ámbito de la DEA, de algunos fiscales del Departamento de Justicia, sin injerencia alguna del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono o del Departamento de Seguridad Nacional.
Aunque Cienfuegos no es el primer marcial mexicano detenido bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico —el zar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado en 1997— es el primero de ese rango, y el primero en ser arrestado en EE.UU. Y siquiera es el primero sobre el cual EE.UU. alberga sospechas de complicidad con el narcotráfico, aunque ningún haya sido aprehendido. Aunque fue sentenciado a casi 72 abriles -luego reducidos-, Gutiérrez Rebollo se declaró inocente de los cargos y tras su homicidio, en 2013, su clan comenzó una batalla procesal para alejar su nombre.
A mi querella, la razón es evidente: el establishment de la política exógeno estadounidense siempre pensó que los riesgos para la estabilidad mexicana superaban los beneficios de una efímera vencimiento contra la corrupción. Y siempre consideró que el interés primordial de EE.UU. en México consistía en dicha estabilidad, no en la integridad o en la deshonestidad de sus militares. Tiene razón el establishment, y se equivocan los fiscales de la corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
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