El 95.6 % de las compras que el Gobierno Federal realizó para afrontar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 fueron por adjudicación directa, lo que representa un gasto de 11 mil 384.66 millones de pesos, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
De acuerdo con el comisionado Adrián Alcalá Méndez, se trata de un gasto ejercido en mil 850 contratos realizados sólo por seis dependencias del Estado mexicano, que son el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (Ssa).
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Cabe resaltar que, en marzo de 2020, el Gobierno de México dotó de facultades a estas seis dependencias para realizar compras de emergencia mediante adjudicación directa, con el fin de “atender con mayor oportunidad” la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2.
“Estas instituciones hicieron uso de este decreto de forma tal que las contrataciones públicas realizadas bajo la modalidad de adjudicación directa representan el 95.6 % de todos los contratos celebrados por el sector salud durante la contingencia y el 94.7 % de los contratos en el sector no salud”, dijo.
La exposición se realizó en el marco de la presentación del nuevo micrositio “Contrataciones públicas ante la emergencia”, mismo que pretender ser una herramienta de consulta ciudadana para propiciar la generación de contenido público útil que está orientado para la rendición de cuentas efectivo por parte de las autoridades responsables de la planeación, la presupuestación y el ejercicio de recursos públicos durante esta pandemia.
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La estructura del micrositio, explicó, comprende una página principal, una sección de análisis estadístico, un glosario de términos y una sección de datos abiertos. “En total se revisaron 48 mil 790 contratos provenientes de 42 sujetos obligados de la Administración Pública Federal (APF) del sector salud y no salud del periodo de enero de 2020 hasta abril del año 2021”, dijo.
Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para explicar que existieron una serie de factores que “imposibilitaron un mejor análisis de los datos”, pues al realizar el micrositio se encontraron errores en la carga de información, falta de especificidad en las mismas, así como diversas carencias y discrepancias entre la información.
“Ante este escenario, se torna indispensable promover esquemas de transparencia presupuestaria y contrataciones abiertas que den cuenta del uso y destino de los recursos públicos”, dijo.
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