El gobierno mexicano ha dado un importante paso hacia la mejora de la atención a las familias de personas desaparecidas al anunciar la incorporación de 570 propuestas legislativas y políticas. Estas iniciativas provienen de dialogaciones con familias y colectivos de buscadores, con el objetivo de fortalecer las reformas a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra el reconocimiento del concepto de “familia social” y “nombre social”, así como la creación de una plataforma única de identidad que facilitará a las autoridades competentes el acceso a herramientas necesarias para investigaciones. Además, se contempla un convenio con el INE para el cruce de datos, acceso a bases de salud, migración y tratamientos de adicciones, e implementaciones de pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de realizar inhumaciones. También se establece un protocolo obligatorio para la alerta nacional de búsqueda.
El bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, así como de las familias afectadas, se encuentra en el centro de estas propuestas. Se han establecido medidas que promueven la salud, la educación y actividades culturales. Asimismo, se han diseñado mecanismos de protección para los familiares, con protocolos de seguridad específicos que respondan a su situación vulnerable.
Como parte de las reformas propuestas, se han implementado nuevas reglas para el registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición, que incluyen sanciones contra las autoridades que incumplan con la obligación de registrar dichos casos o iniciar investigaciones pertinentes. También se busca eliminar el artículo 23 bis, que plantea comisiones locales de búsqueda, para evitar duplicidades en el proceso. Se apunta a un reforzamiento de los estándares científicos en el análisis forense y la obligación de publicar lineamientos sobre el registro nacional de personas desaparecidas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó la urgencia de esta problemática, indicando que la búsqueda e identificación de personas desaparecidas es una prioridad estatal, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez también hizo un llamado al Congreso de la Unión para respaldar estas reformas y recordó a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno la importancia de respetar la dignidad de las personas buscadoras.
El subsecretario, Arturo Medina, subrayó que estos esfuerzos no se limitan a la propuesta legislativa. Destacó que, gracias a las familias afectadas, se ha adelantado una propuesta más sensible y que, a partir de este momento, será fundamental traducirla en reglamentos, presupuestos y políticas públicas concretas. Para continuar con este impulso, se anunció una sesión nacional de derechos humanos para el próximo 3 de julio, con miras a fortalecer la agenda de apoyo a las víctimas.
Esta información corresponde al 24 de junio de 2025, y aunque no se dispone de actualizaciones más recientes, este esfuerzo del gobierno mexicano representa un avance significativo en el camino hacia una atención más integral y respetuosa a las familias de personas desaparecidas.
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